La Iglesia argentina critica el retorno del FMI
La multitudinaria peregrinación del Frente Sindical el 20 de octubre al santuario mariano de Luján, donde se celebró un encuentro interreligioso, sella una especie de alianza entre la Iglesia y movimientos sociales, unidos en sus críticas a la política económica impuesta por el FMI
Cerca de 800.000 trabajadores, según los organizadores, se congregaron el sábado a las puertas de la basílica de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, en la víspera del Día de la Madre en la patria del Papa Francisco. La cita llegaba precedida por las críticas en las últimas semanas desde la cúpula eclesial al Gobierno que encabeza Mauricio Macri por su acuerdo con el FMI, que endeudará fuertemente al país como consecuencia de la devaluación del peso, lo cual, sumado a una imparable inflación y a la caída del consumo, ha provocado un aumento de la pobreza y el desempleo.
Todos estos males fueron mencionados en la oración interreligiosa celebrada el 20 de octubre, en la que estuvieron representadas las comunidades judía, musulmana y evangélica. «El pan se encarece, se especula con el precio de los alimentos y los más pobres sufren hambre», dijo el pastor metodista Fernando Suárez.
«La Iglesia no quiere estar ausente en la historia», reflexionó el arzobispo de Luján, Agustín Radrizzani. Y añadió: «No nos dejemos robar la comunidad». «El futuro de la nación no está únicamente en manos de los dirigentes, está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo, en su capacidad de organizarse y también para lograr este proceso de auténtico cambio».
Encuentros con sindicatos
La crisis social en Argentina alcanza ya a más 12,5 millones personas, a lo que se suma que el 40 % de las personas con trabajo no se encuentran registradas formalmente y viven en situación de pobreza por no contar con un salario digno. Esto explica diversos movimientos en la Iglesia argentina en las últimas semanas. En los días previos a la peregrinación a Luján, el líder sindical de referencia para los distintos sectores gremiales, sociales y políticos opositores a la gestión del Gobierno, Hugo Antonio Moyano, visitó a la sede central del episcopado argentino, donde se reunió con el obispo titular de la Pastoral Social, el jesuita Jorge Lugones. El mismo que había lanzado duras críticas al retorno a Argentina del FMI. «No vemos que esta sea una salida inteligente», dijo el religioso.
La responsabilidad del Gobierno
En esa línea se ha manifestado el vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, al apelar a la «responsabilidad» del Gobierno para «cuidar a los más vulnerables» y «no hipotecar la vida de las generaciones futuras» con el endeudamiento. Por su parte, el presidente del episcopado, Óscar Ojea, celebró en mayo un encuentro en la sede de la Iglesia con líderes sindicales y sociales como Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, junto a un amigo personal del Papa, el exlegislador porteño Gustavo Vera.
Muy claro fue también el primer obispo villero de Argentina, el nuevo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Óscar Carrara, quien a fines de septiembre dijo en una Misa callejera con representantes de movimientos sociales en favor de las víctimas de trata y exclusión que estamos en una «situación social que está difícil, está complicada, pero todos ustedes saben luchar, saben que si nos unimos podemos hacer mucho por aquellos que están sufriendo, allí donde no llega la mano invisible del mercado, que mágicamente pareciera solucionarlo todo, pero no termina solucionando nada».
Mientras tanto, en la provincia más grande y poblada de Argentina, el arzobispo Víctor Manuel Fernández abrió hace unos días las puertas de la catedral de La Plata a más de 50 gremios y movimientos sociales para alentarlos a la lucha contra el «liberalismo extremo», animándolos a que «no se resignen a una política reducida a las finanzas internacionales, a una economía que apunta más a la especulación que a la producción y al trabajo».
Cáritas Argentina ha impulsado, junto a los movimientos sociales del país, una ley para la integración de los barrios populares. Esta paso adelante en la política pública ha sido posible gracias a la creación –por parte de estas organizaciones– de un registro de barrios populares, donde ya se han censado cerca de un millón de familias.
La nueva legislación, aprobada el miércoles 10 de octubre en la Cámara de Senadores, supondrá que los censados podrán ver regularizado su acceso al agua corriente, a la red de alcantarillado o a la energía eléctrica –el 70 % no cuenta con un acceso formal a la misma–. Además, la ley promueve que en todos los barrios inscritos se suspendan los desalojos durante los cuatro próximos años y establece, entre otras cosas, que el 25 % de las obras que se realicen sean a través de cooperativas de trabajo creadas por los movimientos sociales.
Cáritas Argentina reconoce esta legislación como «un logro estructural», aunque «la lucha cotidiana no termina con ella: dependerá de la capacidad de organización» de muchas instituciones «para que se haga realidad». Por su parte, los sacerdotes que viven en estos barrios han destacado en un documento la aportación de los movimientos populares: «Han relevado, en un trabajo coordinado con Cáritas, las villas y barrios precarios de nuestra patria. Los ha movilizado esa sabiduría popular que sabe que la tierra es nuestra casa común».