¿La huelga general ha dinamitado el contrato social que la patronal y los sindicatos propusieron al Papa?

—Ante el Papa defendió que la IA podía permitir «reducir el tiempo de trabajo y mejorar la calidad de vida» y que el nuevo contrato social debía construirse desde «la equidad y la justicia». Ahora UGT convoca una huelga general porque, precisamente, muchos trabajadores dicen que, aunque tengan empleo, no pueden acceder a una vivienda digna con su salario. ¿Ha fracasado el contrato social?
—Lo que demuestra esta situación es que con los salarios que tenemos, no se está garantizando que la gente trabajadora pueda desarrollar un proyecto de vida digno. El trabajo sigue siendo la principal herramienta de inclusión y de progreso, pero necesita estar acompañado de derechos efectivos. No basta con crear empleo. El empleo tiene que ser de calidad y debe permitir vivir con dignidad. Y hoy demasiadas personas, especialmente jóvenes y familias trabajadoras, ven cómo el alquiler o la hipoteca se comen su salario. De ahí la necesidad de un nuevo contrato social. Porque las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales exigen nuevas respuestas.

—Con León XIV habló de la empresa como una comunidad de personas, del trabajo como expresión de dignidad y del diálogo social como camino para construir el bien común. En un momento en el que vuelven a crecer las tensiones entre empresarios y trabajadores, ¿qué responsabilidad corresponde a cada parte para preservar ese bien común?
—Diría que más que tensiones entre empresarios y trabajadores, lo que se está planteando es una huelga política, que nada tiene que ver con un conflicto laboral. Creo que la convocatoria de huelga no refleja la realidad de las empresas, no es una expresión real del día a día en los centros de trabajo. En ese sentido, si hablamos de responsabilidad de cara a preservar el bien común, creo que tanto unos como otros debemos rebajar el nivel de crispación que se pueda generar con estas convocatorias, apostar por el diálogo en todo espacio que se necesite, y por la colaboración. Calentar la calle no beneficia a nadie en el fondo. Poner sobre la mesa aquello que se quiera tratar, debatir y llegar a los acuerdos necesarios, eso sí beneficia a todos.

—Usted dijo ante el Papa que «la regulación del trabajo requiere de actores sociales y democráticos» y reivindicó el diálogo social como instrumento para «renovar un contrato social para el siglo XXI». Ahora CC. OO. impulsa una huelga general, además por una cuestión —la vivienda— que trasciende el ámbito estrictamente laboral. ¿La huelga general es, en este caso, un fracaso del diálogo social o es precisamente una herramienta para recuperar ese contrato social que usted reclamaba ante el Papa?
—Yo diría que es la expresión más clara de que el contrato social del siglo XXI no es solo recuperar los pilares del propio del siglo XX, sino ampliarlos. Vivienda y cuidados son las claves.

—¿Qué responsabilidad tiene la empresa en que una persona que trabaja pueda acceder a una vivienda, formar una familia y desarrollar un proyecto de vida?
—Las pymes tienen una función social más allá de la propia actividad productiva de generar riqueza y empleo. Con su presencia en todos los territorios, contribuyen a generar cohesión y a que sus trabajadores puedan construir un proyecto de vida. Sin embargo, no puede trasladarse a la empresa —y menos aún a las pymes, que operan con márgenes y recursos limitados— la obligación de resolver el acceso a la vivienda. El precio, la disponibilidad y la localización de la vivienda dependen principalmente de políticas públicas de suelo, oferta, alquiler, fiscalidad, transporte y seguridad jurídica. Los pequeños empresarios sufrimos en igual medida que el resto los problemas de acceso a la vivienda, pero no está en nuestra mano la solución a dichos problemas. Las pymes no tienen márgenes para incrementar los salarios, subidas que además se trasladarían a precios, con el incremento de la inflación y pérdida de poder adquisitivo.