Protestas en Irán: «La gente lo arriesga todo por el cambio»

El impacto en Irán de las protestas por la muerte de la joven Jina Amini y la imposición del velo islámico y el empeño del Gobierno por reprimirlas es tal que en algunas ciudades las autoridades retrasaron el comienzo de curso escolar. Temían nuevas movilizaciones. «Las chicas de mi instituto están llenas de ideas» como hacer carteles, no llevar hijab, gritar consignas en la asamblea matinal… Lo comparte una docente desde Mashad en un testimonio enviado al Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI por sus siglas en inglés).

«El Ministerio de Inteligencia ha contactado con la familia de tres estudiantes advirtiéndoles de que no las dejen participar», desvela. Una reacción desproporcionada, pero que palidece frente a las cifras de la represión: 133 muertos y cientos de detenidos, entre ellos 25 periodistas y cuatro abogados. «La gente lo está arriesgando todo para hacer oír su voz y pedir un cambio», subraya a Alfa y Omega Jasmin Ramsey, subdirectora del CHRI.

A Amini, que era kurda, su familia la llamaba Jina. Mahsa era su nombre oficial en farsi. Según ha relatado su padre, Amjad, a la web Rouydad24, «ni las mujeres de 60 años van tan cubiertas como iba ella» el 13 de septiembre. Aun así, la Policía de la moralidad la detuvo en Teherán por incumplir las leyes sobre vestimenta. «Varias chicas que estaban en el furgón me contaron que la agredieron físicamente». La paliza la dejó en coma, y murió el día 16. «Su muerte ha prendido algo que llevaba tiempo cocinándose a fuego lento», explica Ramsey.

«Muerte al dictador»

Inmediatamente después de la Revolución islámica de 1979, la presión para llevar hijab fue in crescendo. En 1981 se hizo obligatorio, y dos años después se penó el no hacerlo con azotes. Luego, con la cárcel. En 2005 el presidente Mahmud Ahmadinejad creó la Gasht-e Ershad o Policía de la moralidad, que responde directamente ante el líder supremo, el ayatolá Ali Jameini. «Es difícil encontrar a una familia iraní que nunca haya tenido que lidiar» con una de sus patrullas, formadas generalmente por cuatro hombres y dos mujeres, explicaba a AsiaNews Tara Sepehri, experta en Oriente Medio de Human Rights Watch. La última vuelta de tuerca llegó en verano, cuando el presidente, Ebrahim Raisi, amplió el poder de este cuerpo, introdujo nuevas restricciones e impuso un sistema de cámaras de vigilancia.

Es un síntoma más del creciente endurecimiento de la persecución a toda disidencia promovido por Raisi, que en 1988 estaba en el comité que ordenó ejecutar a miles de presos políticos. En lo que va de año, se han producido 415 ejecuciones —6.826 desde 2010— y han aumentado las detenciones. «Con su elección, todas las ramas del Gobierno están sólidamente controladas por los aliados ultraconservadores del líder supremo», lamenta Mansour Borji, director de la organización Artículo 18, que promueve la libertad religiosa. Después de «silenciar o eliminar todas las formas de disenso» —partidos reformistas, periodistas, ONG y sociedad civil—, «pueden hacer lo que deseen».

O al menos eso parecía. Porque, según Ramsey, «llevamos años oyendo “muerte al dictador”, pero nunca tan alto como ahora». Ni siquiera en 2019, cuando murieron cientos de manifestantes. Las últimas movilizaciones «son parte de una evolución especialmente desde 2017, cuando las protestas sobre la economía se transformaron en cánticos contra el Estado». A la clase obrera se sumaron los maestros, los pensionistas y más recientemente los jóvenes y las mujeres. La otra consigna que más se escucha estos días en las calles es «mujer, vida y libertad». «No se trata solo de los derechos de las mujeres, sino de todos los derechos fundamentales que el Gobierno ha violado durante décadas».

Entre los manifestantes, impera la sensación de que no hay vuelta atrás. Pero piden apoyo a la comunidad internacional. Un activista compartía con el CHRI, desde el anonimato, su miedo de que ahora el régimen «abandone alguna de sus demandas» y se logre revivir el acuerdo nuclear de 2015, a cambio —más o menos implícitamente— de que «el mundo no tome ninguna medida significativa» sobre lo que ocurre en el país. «No es el momento para firmarlo».