La Fundación RAIS exige abordar el sinhogarismo desde las políticas públicas
Presentaron esta semana el informe La discriminación de las personas en situación de sinhogarismo como barrera de acceso a recursos
La saturación de las redes de albergues en las principales ciudades de España ha hecho saltar todas las alarmas. Mientras las administraciones se coordinan con entidades benéficas, los investigadores tratan de encontrar soluciones técnicas al sinhogarismo con investigaciones como «la discriminación de las personas en situación de sinhogarismo como barrera de acceso a recursos», un informe que la Fundación RAIS presentó este miércoles 19 de diciembre.
Durante el acto, Albert Sales, profesor de la Universidad Pompeu Fabra e investigador del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, alertaba del riesgo que supone aplicar soluciones cortoplacistas para ocultar a estas personas en albergues en vez de garantizarles una vivienda: «Al final se está abordando el caso de la persona sin techo como un problema de espacio público porque ocupa un lugar en el que nadie quiere estar y se le invisibiliza».
Según Sales, la emergencia residencial no puede resolverse desde la compasión sino a través de una interpretación de los derechos humanos que motive una política «diferente a hacer vivienda pública para venderla después como casas de protección oficial». Una estrategia que, a su juicio, ha provocado que en materia de vivienda España vaya «con décadas de retraso y lo hagamos todo despacio y mal».
El investigador también ha hecho hincapié en la imperiosa necesidad de reforzar los parques de alquileres sociales. Una medida que, aparte de resolver la crisis de la vivienda, desactivaría el mensaje xenófobo que, a su juicio se está extendiendo al competir por recursos escasos. «La persona de origen nacional que está en la cola de un albergue mira a la gente que tiene a su alrededor, ve algunos inmigrantes y piensa que si no existieran el estaría el primero de la fila», diagnostica. Para desactivar este discurso de odio, solo ve una solución: desarrollar políticas de vivienda a largo plazo. «Si seguimos con la idea de que el sinhogarismo se podría solucionar de golpe, nos encontraremos con políticos diciendo estar desbordados por los inmigrantes», señala.
A las demandas de Sales se suman las de Gonzalo Cavero, otro de los coordinadores de la Fundación RAIS que tomó la palabra durante la presentación de informe, quien sostiene que «aquello sobre lo que no se legisla no existe a la hora de exigir nuestros derechos» y recalca la urgencia de equiparar el certificado de discapacidad al de exclusión social «porque permitiría acceder a un circuito de empleo protegido».
Cavero también ha insistido en la necesidad de aumentar la cuantía de las rentas mínimas de inserción y flexibilizar los criterios por los que se conceden. Llega a esta conclusión tras evidenciar la frecuente aparición de «situaciones perversas» en las que, en cuanto una persona sin hogar consigue un trabajo, «aunque tan solo dure unos días», el acceso a una renta mínima se paraliza inmediatamente. «Se encuentran así con los ingresos de un trabajo remunerado con una cuantía menor que una renta mínima que no da ni para lo mínimo», protesta.
También ha revelado cómo las pequeñas multas que acumulan las personas sin hogar por vivir en la calle, «actos que no tenían ninguna relevancia penal y solo persiguen el objetivo de esconderlas», pueden acumularse mientras la persona no cuenta con un domicilio. Como consecuencia, cuando esta persona vuelve a encauzar su vida, encuentra unas deudas importantes que provocan que «el pasado vuelva a visitarle para generar situaciones tortuosas».
Por último, Albert Sales ha llamado a la responsabilidad y alertado a las entidades benéficas del riesgo de espectacularizar la pobreza» para conseguir donativos. «Esta estrategia estigmatiza a las personas sin hogar y hace creer a los ciudadanos que tienen un problema de disciplina que se resuelve con una trabajadora social», comenta. Una deducción muy peligrosa que, en su opinión, es la raíz de la aporofobia o el rechazo a los pobres porque «hace creer que la persona que está en la calle tiene una falta de ética laboral» en vez de sufrir las consecuencias de un orden socioeconómico que no garantiza la dignidad del ser humano.
Todos los días, mientras vivía en la calle, Michael se despertaba a las seis de la mañana «porque está lleno todo de coches, vienen los barrenderos, hay gente andando y te tienes que levantar», explica. Pero, sin ningún lugar al que ir, poco más podía hacer que «deambular de un lado a otro sin tener control sobre tu vida».
Entonces, ocupaba su tiempo de banco en banco a la espera de que abrieran un comedor social en el que desayunar. Había entrado así en la misma espiral en la que caen muchas personas sin hogar (y de la que está tratando de escapar actualmente), en la que el tiempo pierde su valor y las personas excluidas dedican todo su tiempo a resolver sus necesidades básicas. Nada más salir del albergue en el que han dormido, las personas sin techo tienen que viajar a otro punto de la ciudad para hacer cola en un comedor social. «En medio no pueden ir a la oficina de empleo porque no les da tiempo», protesta Roberto Bernard, director del programa Housing First de la Fundación RAIS, quien considera que el modo en que están diseñados los servicios sociales pueden ser un obstáculo para la emancipación de sus usuarios.
«La red asistencial tradicional infantiliza a la persona. Le quita la mayoría de posibilidades de decisión, le impone la hora a la que se levanta o acuesta, la hora de comer, cuándo ducharse o poner la lavadora», protesta Bernard. Según los datos a los que ha tenido acceso, «estas personas entran una y otra vez en el sistema, pueden estar en albergues veinte años y volver a la calle». Un ciclo que, a su juicio, se debe a la falta de certezas vitales. «En el momento en el que puedes cerrar la puerta de tu casa, tienes un espacio y puedes dedicar tus energías a tu propio desarrollo personal, pero si estás en un albergue con 40 personas es difícil que sientas ese espacio como tuyo», explica Bernard.
Para fraguar esta seguridad personal, la Fundación RAIS ha puesto en marcha Housing First, una metodología con más de 25 años de recorrido en Estados Unidos y que ha dado excelentes resultados en Finlandia, el único país que ha reducido su número de personas sin hogar en los últimos años. Housing First sigue una estrategia completamente opuesta al modelo de escalera, un protocolo asumido por la mayorías de las instituciones que anima a las personas sin hogar a dar pequeños pasos hasta ser capaces de mantener una vivienda. En vez de ello, esta iniciativa otorga una vivienda automáticamente a las personas en situación de exclusión.
«No se le exige a la persona que haga itinerarios de reinserción prestablecidos por nosotros sino que es ella, a partir de su vivienda, la que decide qué cosas quiere ir moviendo en su vida», explica Roberto Bernard. De este modo, «tratamos de facilitar que la persona se apoye en la comunidad de alrededor para salir de sus dificultades».
Este último punto es crucial, pues Bernard ha sido testigo de cómo los usuarios de Housing First han atravesado situaciones muy diferentes en función de la implicación de sus vecinos. Del mismo modo que unos se organizaron en turnos para visitar al beneficiario del proyecto cuando fue hospitalizado por un problema de salud grave, otros vecinos le han dado la espalda a estas personas al descubrir que pedía limosna en una plaza no muy lejos de su bloque. «Tener a ese vecino en su vivienda les enfrenta a sus propios miedos y no hay que repartir culpas individuales», dice Bernard, quien, a pesar de algunas malas experiencias, se mantiene optimista porque «hasta hace 20 años, todo el mundo pensaba que esas personas no eran capaces de reinsertarse, pero nosotros hemos demostrado que sí».