La eutanasia puede quedar en manos de unos pocos equipos

«Ya es motivo de preocupación» que el primer caso público de eutanasia legal en España se haya producido «en una situación en la que el paciente no está capacitado para solicitarla». Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, se refiere a la anciana vasca de 86 años con demencia a cuya vida se puso fin el 23 de julio. Sus hijos iniciaron los trámites el mismo día de la entrada en vigor de la ley, citando su testamento vital. Unas semanas después, la organización Derecho a Morir Dignamente hizo pública la muerte provocada de una viuda de 60 años, sin familia y con esclerosis múltiple. A la espera de los primeros informes anuales autonómicos, solo hay noticia de un caso más. «Tengo miedo de que se esté aplicando a pacientes» con depresión o que no hayan recibido cuidados paliativos o ayudas a la dependencia, apunta Martínez-Sellés.

No existe mucha más información sobre cómo están funcionando las comisiones de garantías que ya han puesto en marcha casi todas las comunidades autónomas. Luis Miguel Pastor García, presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Medica, rompe una lanza a favor de sus miembros, pues opina que «todo el mundo es consciente de la gravedad de las decisiones». Menos optimista es José Antonio Díez, de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, que opina que «la ley está pensada para que no se pueda rechazar ninguna solicitud», incluso aunque en las comisiones haya profesionales contrarios a la eutanasia.

No es así en todas. Explica que algunos a los que se les ha ofrecido se han negado al considerarlo una colaboración directa en causar la muerte. En otros casos, como en Madrid, critica Martínez-Sellés, es la Consejería de Sanidad la que «no permite a los objetores formar parte» de la comisión. Estas actitudes, junto a los intentos mediáticos de «generar un clima de opinión» contrario al derecho a la objeción de conciencia y a algunas «situaciones muy desagradables para los objetores», llevan a que «cada vez haya más miedo a la limitación de este derecho».

¿Objetar?

Por otro lado, reconoce que existe un debate en la profesión médica sobre la objeción. Él y otros son partidarios de ejercerla caso por caso, y solo en los momentos finales de la tramitación de una solicitud. «Si lo hacemos a priori o nos retiramos» cuando un paciente dice algo como «no quiero seguir viviendo así», su seguimiento «va a quedar en manos de los pocos médicos favorables a la eutanasia». En cambio, al esperar «se le pueden ofrecer unos buenos paliativos». Pero «hay compañeros que han objetado ya porque les repugna, y lo entiendo».

En ese caso, Díez aconseja que, aunque la ley pretenda obligar a objetar anticipadamente y ante un registro oficial, se haga ante el propio colegio profesional. Es «mucho más fiable» y, añade el presidente del de Madrid, este tiene la obligación de defender a sus colegiados. En cualquier caso, según la información que le llega a Pastor García, «en principio se está aceptando la objeción sobrevenida», sin inscripción previa. «En mi opinión van a terminar teniendo que montar un sistema» para «canalizar a equipos concretos» en cada autonomía las solicitudes que se reciban.