La escuela concertada católica da por perdida la demanda social en la nueva ley tras reunirse con el PSOE

El PSOE traslada a representantes de la concertada su intención y la del Gobierno para que la ley Celaá salga cuanto antes –se aplique ya el curso que viene– y sin ningún cambio con respecto al proyecto presentado en la anterior legislatura. Esto es, sin demanda social para los centros concertados y con una sensible rebaja de la clase de Religión. Desde Escuelas Católicas trabajan para que se incluya alguna expresión que tenga en cuenta las preferencias de centros de los padres. «Nos tendrán enfrente», afirman desde Concapa

Fran Otero
Foto: Rafael Carmona

El PSOE traslada a representantes de la concertada su intención y la del Gobierno para que la ley Celaá salga cuanto antes –se aplique ya el curso que viene– y sin ningún cambio con respecto al proyecto presentado en la anterior legislatura. Esto es, sin demanda social para los centros concertados y con una sensible rebaja de la clase de Religión. Desde Escuelas Católicas trabajan para que se incluya alguna expresión que tenga en cuenta las preferencias de centros de los padres. «Nos tendrán enfrente», afirman desde Concapa

Finalmente, el PSOE se reunió con algunas organizaciones que representan a la escuela concertada –la mayoría católicas– después de que fuese excluida de un encuentro en Ferraz para abordar la reforma educativa y al que asistieron solo organizaciones afines al Gobierno. Aunque con algunas diferencias, porque solo ha convocado a tres entidades –Escuelas Católicas, Concapa y CECE– y lo ha hecho por separado. El objetivo, pedir a estas organizaciones que «rebajen la tensión» en el debate público y exponerles la intención del Gobierno con la nueva ley educativa, que eliminará la demanda social y rebajará la clase de Religión.

Una propuesta legislativa que el Gobierno, según afirma a este semanario José María Alvira, secretario general de Escuelas Católica, va a sacar adelante sí o sí y lo va a hacer cuanto antes. Así se los transmitió Mª Luz Martínez Seijo, portavoz socialista en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, con quien se reunió este miércoles. «Se parte del mismo texto presentado en la anterior legislatura, con lo cual evitan pasar, entre otros órganos, por el Consejo Escolar del Estado. Todas las modificaciones que se puedan hacer se harán vía enmiendas en el trámite legislativo. Y nuestro temor es que algunos partidos quieran endurecer la ley en el sentido de estatalizar más la educación».

Así, durante el encuentro pidió a los representantes socialistas que del mismo modo que ellos aceptan su llamada a la calma, también desde su grupo político contengan a los partidos que sustentan el Gobierno –como Podemos o ERC– para que no perjudiquen a la concertada.

Fundamentó su temor y el de los centros a los que representa en «lo que está pasando en Cataluña con el decreto de admisión de alumnos». «Este es el riesgo, que se planifiquen los puestos escolares sin tener en cuenta las opciones de los padres».

Para Alvira, el PSOE incurre en una cierta incoherencia, porque después de haber criticado que la ley actual, la Lomce, nació sin consenso, ahora quieran proponer una «por la vía rápida y que no tendrá muchos más votos que la primera». Y añade que el PSOE «ni se plantea un pacto educativo», sobre todo, después de haber abandonado la comisión parlamentaria que se creó para ello durante el último Gobierno del PP.

Sobre el contenido concreto de la ley, Alvira da por perdido el concepto de demanda social —«eso no va a aparecer nunca»– pero trabajarán para que se incluya alguna otra expresión que tenga en cuenta las opciones de los padres en la programación.

Escuela inclusiva

Al margen de esto, desde Escuelas Católicas aprovecharon la reunión para desmontar algunos de los prejuicios y falsas afirmaciones que se hacen sobre la concertada, por ejemplo, en el campo de la inclusión educativa. «Les llevamos una hoja con los datos de alumnos con necesidades especiales que estudian en nuestros centros y les hemos pedido que no hablen del tema sin tener en cuenta los datos. Tenemos más alumnos en estas circunstancias que el porcentaje que nos corresponde. Además, también pusimos de manifiesto que se trata a estos alumnos como si fueran un mal a distribuir entre centros. Lo que hay que hacer es dejar que los padres elijan».

Sobre esta última cuestión también fue muy claro Pedro Jesús Caballero, presidente de Concapa, en su reunión con los representantes socialistas. «En este país no se segrega y si tiene algún informe al respecto, vaya a poner una denuncia», les dijo. Y continúa: «La escuela concertada no es segregadora, es inclusiva, plural. En ella la educación es totalmente gratuita. Y si lo que quieren es acabar con las aportaciones voluntarias, totalmente legales y reconocidas, que busquen la equidad del sistema de modo que las dos redes estén al mimo nivel y ya no habrá ese problema».

Caballero trasladó a sus interlocutores el malestar de las familias católicas por «no tener en cuenta a la concertada». Como manifestaron a Escuelas Católicas, los responsables socialistas insistieron en que la ley Celaá va a salir adelante tal y como está planteada y «con carácter de urgencia». De hecho, según Caballero, quiere que empiece a funcionar el próximo curso. «Las prisas no son buenas; además, con prisa no hay consenso ni diálogo. Si mantienen su proyecto legislativo tal y como está nos tendrán enfrente porque van contra nuestros pilares», explica Caballero.

Y añade: «El PSOE nos pide tranquilidad, que rebajemos la tensión. Nosotros pedimos que lo rebaje la ministra, porque fue ella quien crispó a todo el mundo en el Congreso de Escuelas Católicas. Desde Concapa vamos a defender la libertad de educación, la libertad para elegir centro y la educación para nuestros hijos según nuestras convicciones».

Fran Otero