La DANA, una tragedia a la que se sumó la polarización

El vicario episcopal del área metropolitana de Valencia, Jesús Corbí, describe lo que ocurrió a raíz de las lluvias torrenciales de aquel 29 de octubre como «una catástrofe monumental». Justifica sus palabras, en primer lugar, por el número de muertos, 223, que todavía podría crecer porque «aún hay personas desaparecidas». En segundo lugar, habla de «un nivel de afectación» territorial «altísimo». La comarca Huerta Sur, por ejemplo, está arrasada «casi al completo». En cuanto a los daños materiales, Corbí advierte de que «hay gente que lo ha perdido todo».

Ante esta situación, el vicario episcopal destaca la labor de la Iglesia. «Ha sido impresionante el río de voluntarios que se ha formado para limpiar todo. Y puedo decir que un gran número de ellos eran jóvenes de parroquias». Al final, la disposición eclesial demostrada ante la DANA ha contribuido a acrecentar «la confianza que la sociedad tiene en la Iglesia». De hecho, «hay muchas instituciones que nos han llamado para decir que tenían un donativo, pero que no querían entregarlo a otra entidad que no fuera la Iglesia».

La otra cara de la tragedia ha sido la polarización política. Mientras cientos de familias todavía buscaban a sus seres queridos entre el barro, algunos políticos ya estaban buscando culpables entre los adversarios. En este sentido, Corbí recuerda que «lo institucional no llegó hasta una semana después de la inundación». La Iglesia, sin embargo, no miró para otro lado. El 8 y 9 de noviembre se celebró la XLIV Semana Social de España donde la CEE abundó, según dijo Jesús Avezuela, presidente de la iniciativa, en «cómo limar esa polarización» que estamos viendo en Valencia. Como antídoto, la CEE propuso el diálogo. 

Un caso de éxito es la ley ELA. Sufrió numerosos retrasos parlamentarios —con el consiguiente enfado de enfermos y activistas—. Pero gracias al trabajo de consenso de la Confederación de Nacional de Entidades de ELA, que dialogó con los partidos de todos los colores y consiguió desbloquearla, entró en vigor en octubre. Para 2025 queda pendiente dotarla de financiación.