La COP29 salva un acuerdo in extremis para financiar al Sur global

La COP29 salvó la madrugada del domingo in extremis un acuerdo para que los países en vías de desarrollo reciban 1,3 billones de dólares al año de aquí al 2035 para que puedan hacer frente a la factura del cambio climático, de los cuales 300.000 millones provendrán de las naciones más ricas. La cumbre debería haber terminado a las 18:00 horas del viernes pasado, pero los negociadores de los países participantes en esta cita estuvieron más de dos días después enfrascados en las discusiones. El principal atasco se produjo al identificar quién debía aportar los fondos para que los países con menos recursos puedan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y también protegerse frente a los impactos de un cambio climático del que son los menos responsables. 

Un final agónico y muy tenso, con las instalaciones del recinto que albergó la reunión en Baku ya prácticamente desmanteladas, que también ha puesto las bases de las nuevas normas que regirán los mercados internacionales del carbono. Es decir, las reglas por las que los gobiernos y las empresas podrán obtener dinero a cambio de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus procesos de producción. Estas reglas se apuntalaron durante el Protocolo de Kioto en 1997, pero con los años este instrumento se había vuelto prácticamente ineficaz. De manera que, en 2015, durante la cumbre de París, los gobiernos vieron la necesidad de crear un nuevo mercado, si bien no lograron ponerse de acuerdo en los detalles de su engranaje. Los países en vías de desarrollo, sobre todo los de América Latina y del Sur Global, dependen en gran medida de la cesión de estos créditos que les permitirán apoyar económicamente su proceso de transición verde y, por tanto, dejar de lado los combustibles fósiles. 

Asimismo, otro de los objetivos de Bakú era fijar un compromiso suficiente en materia de financiación climática, tema central de esta cumbre, que fuera superior a los 100.000 millones al año comprometidos por los países ricos a los más vulnerables en 2009, durante la COP15 de Copenhague. Este sistema de financiación estuvo en vigor entre 2020 y 2025, por lo que era improrrogable que fuese renegociado en Bakú. Finalmente se ha triplicado esa cifra.

En todo caso, la nueva cantidad comprometida está muy por debajo de las necesidades reales que tienen estos países, que han criticado la actitud de los gobiernos occidentales. Según un informe de la COP27 en 2022, los países vulnerables afectados por inundaciones, sequías y otros fenómenos climatológicos vinculados con el cambio climático necesitarán 2.150 billones de euros al año de aquí al 2030 para poder financiar las pérdidas y daños. Esto incluye 1.000 billones de financiación externa, por lo que esta cifra no cumple las expectativas.

Otro de los debates más candentes ha sido cómo se pagarán esos fondos. Los países que los recibirán pedían que el grueso proviniera de fondos públicos, que dan más seguridad y no generan deuda, aunque el acuerdo final incluye también en este núcleo fuentes privadas y de otro tipo, aunque no se especifica claramente de dónde saldrá el grueso del total.