La COP29 plantea 250.000 millones al año en financiación climática a los países en desarrollo

En el último día de la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) sigue sin haber un consenso claro sobre la cuestión primordial de la financiación climática. Los técnicos de los distintos países y empresas trabajan contrarreloj para llegar a un acuerdo mínimo no solo sobre el importe que deberá ponerse sobre la mesa o quiénes serán los países y las entidades contribuyentes, sino también sobre los países que recibirán ayudas. Una de las grandes contradicciones del pasado es que China, uno de los países que más contaminan en el mundo, siga clasificado como «país en desarrollo» y, por tanto, haya sido uno de los beneficiarios.

En las últimas horas, algunos medios de comunicación presentes en la cumbre, como EFE, han revelado que se ha puesto sobre la mesa una cifra en materia de financiación climática. Según el último borrador, presentado este viernes por la Presidencia de la cumbre, que ostenta el país anfitrión, Azerbaiyán, los países ricos se comprometen a entregar cada año 250.000 millones de dólares de aquí a 2035 a los países en desarrollo para que estos hagan frente a la crisis climática. Sin embargo, esta cifra aparece como irrisoria. Según un informe de la COP27 en 2022, los  países vulnerables, afectados por inundaciones, sequías y otros fenómenos climatológicos vinculados con el cambio climático, necesitarán 2.150 billones de euros al año de aquí al 2030 para poder financiar las pérdidas y daños, incluidos 1.000 billones de financiación externa, por lo que esta cifra no cumple las expectativas.

En todo caso, los 250.000 millones entrarían dentro de un objetivo global de 1,3 billones de dólares. Aunque en este fondo también se incluyen las inversiones que lleva a cabo cada país, no solo el flujo económico norte-sur, el núcleo de la cuestión. En este sentido, la cifra apenas supone un pequeño avance respecto a los 100.000 millones que tenían que entregar cada año los países más desarrollados a los más vulnerables, más teniendo en cuenta la inflación en los últimos años.

En 2009, en la COP15 de Copenhague, se decidió que los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares al año (unos 92.000 millones de euros) para ayudar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a adaptarse al calentamiento global. Este sistema de financiación estuvo en vigor entre 2020 y 2025 por lo que es improrrogable que sea renegociado en Bakú.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), responsable del seguimiento de este fondo, la meta de los 100.000 millones de dólares se alcanzó por primera vez en 2022 (116.000 millones para ser exactos), con dos años de retraso sobre el calendario inicial. A día de hoy son, sobre todo, los fondos públicos, procedentes de gobiernos o de organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial, los que han desembolsado el 80% de esta dotación. Por países, los mayores contribuyentes son Japón, Alemania, Estados Unidos y Francia, que, en total, pusieron 7.500 millones de euros en 2023.

En este momento, en Bakú siguen sobre la mesa dos opciones diametralmente opuestas: una en la que sólo los países contribuirían con sus fondos públicos a llenar este fondo y otra en la que también ayudaría el sector privado.

Según datos de la OCDE, los países de renta media como India, Sudáfrica y Turquía han sido los principales beneficiarios de estas ayudas, sobre todo, destinadas a proyectos de mitigación, es decir, a la reducción de la dependencia de su economía de combustibles fósiles. Sin embargo, los países más afectados por la crisis climática, que también son los más pobres, como los del África subsahariana, y los pequeños Estados insulares del Pacífico, como Vanuatu o Barbados, que están en riesgo de extinción, recibieron menos del 20% de estos fondos, a pesar de que dependen en mayor medida de la ayuda internacional para su financiación.

Los proyectos de mitigación, destinados a reducir las emisiones de CO², como por ejemplo la construcción de centrales de energía renovable, recibieron el 60 % de la financiación. En cambio, los proyectos de adaptación, concebidos para minimizar los daños mediante la prevención y a hacer más resistentes sectores económicos como la agricultura, sólo recibieron el 40 % los fondos.