La Comisión para la Protección de Menores se evalúa tras diez años de andadura
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, en pleno proceso de evaluación y cambio tras diez años de andadura, estudia la cuestión de los adultos vulnerables y asiste a diócesis sin recursos
La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores fue establecida por el Papa Francisco un 22 de marzo de 2014 y acaba de celebrar en Roma su Asamblea Plenaria. En su apertura el cardenal Sean O’Malley, presidente, lejos de cualquier triunfalismo, reconocía que diez años bien pueden ser «el momento para una pausa y evaluar la contribución de la comisión» con el fin de «que nuestros esfuerzos sean más incisivos y significativos en la tarea de protección y prevención». Dicha comisión se encuentra en un punto de inflexión, no por el aniversario redondo, sino por una petición del Papa que ha llevado al organismo a realizar esa evaluación. En abril de 2022 Francisco solicitó un informe anual piloto con los puntos fuertes y los mejorables de la gestión en el acompañamiento, la prevención y el camino hacia la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del abuso sexual a menores en la Iglesia. «Lo que no se puede medir ni evaluar no se puede cambiar. Por eso, el informe no es un reportaje de las actividades, sino una medición del estado de las cosas para poder mejorarlas», explican a Alfa y Omega desde la comisión, inmersa ahora en un proceso de cambio. En este documento ha sido clave el trabajo del padre Andrew Small, secretario saliente. Francisco acaba de designar como nuevo secretario al obispo auxiliar de Bogotá, Luis Manuel Alí Herrera, y como secretaria adjunta a Teresa Morris Kettelkamp, ambos ya presentes en el grupo.
El documento solicitado por el Pontífice está listo y probablemente vea la luz este verano. Junto a este informe anual, la comisión también dará a conocer el nuevo Marco Universal de Directrices aprobado en 2023. Es una herramienta para acompañar a las víctimas, propiciar la rendición de cuentas y empoderar a las comunidades eclesiales con el fin de hacer de la Iglesia un lugar seguro. Porque, por ejemplo, es importante que los obispos den a conocer su compromiso de crear entornos seguros y que confirmen que los sacerdotes están bien formados. «Se ha perdido mucha credibilidad en la Iglesia por cómo se ha gestionado esto por obispos y superiores. Por eso, necesitamos un esfuerzo adicional para reconstruir esta credibilidad», lamentan desde la comisión.
No terminan aquí los propósitos para la nueva etapa. En su última plenaria han dado luz verde a un grupo de estudio sobre la cuestión de los adultos vulnerables y su protección en la Iglesia. La comisión está tomando nota del ámbito civil en el que se habla de personas «en situación de riesgo o vulnerabilidad» en lugar de «personas vulnerables». En este punto, desde la comisión hay autocrítica: «Sabemos que existen situaciones de abuso entre adultos y abarcan más que el abuso sexual. En su ministerio de servicio a personas en situaciones difíciles, la Iglesia y sus ministros tienen que exhibir un nivel muy alto de profesionalidad en el trato y eso ha faltado en el pasado».
Más del 80 % de las víctimas de abusos hacen una revelación tardía. A veces pasan décadas y, por tanto, el delito prescribe. Estas víctimas ya no pueden optar ni a la justicia ni a la reparación, lo que supone para ellas un doble castigo. Así lo indica el informe presentado también estos días por CHILD Global, Fundación Derecho al Tiempo y BraveMovement. Organizaciones como estas están presionando a los gobiernos para obtener «el derecho al tiempo», es decir, la abolición de la prescripción de los delitos de abuso sexual en menores. Porque los plazos cortos de prescripción «benefician a los perpetradores de abusos silenciando a las víctimas». El estudio refleja la situación de 19 países latinoamericanos, donde casos como el del sacerdote Fernando Karadima en Chile han impulsado cambios legislativos para que el delito de abusos sexuales no prescriba. Sin embargo, en Brasil, la violación prescribe cuando la víctima cumple 34 años y en República Dominicana el delito desaparece a los diez años de su comisión.
La naturaleza del organismo también ha experimentado un fuerte espaldarazo de parte del Papa al incluirla a través de Praedicate Evangelium en la estructura de la Curia. «Esto significa, entre otras cosas, que la salvaguardia forma parte del ministerio fundamental de la Iglesia», subrayan. Por eso, también acompañan a las conferencias episcopales de visita ad limina. Esta cercanía a las Iglesias locales es algo que valora mucho el Papa. Francisco reconoció al término de la plenaria los grandes frutos de otra de las iniciativas del grupo, llamada Memorare, que asiste a las diócesis en la creación y formación de las oficinas de denuncia y acompañamiento de víctimas, especialmente en países sin recursos.
Es difícil resumir diez años de actividad en un campo donde es necesario tomar conciencia cada día de los desafíos y en el que hay todavía metas por alcanzar: «Es extraño encontrar una institución global como la Iglesia que llegue a decenas de millones de personas diariamente. Al garantizar buenas prácticas, la Iglesia está provocando un cambio cultural no solo internamente, sino también en la comunidad local». Y apostillan: «No negamos que haya resistencias, pero estamos convencidos de que no hay vuelta atrás en esta cultura de mayor responsabilización».