La comisión eclesial que estudia los casos de abusos prescritos ha recibido 81 expedientes y ha resuelto 24

Fuera de los temas del orden del día, los obispos de la Comisión Permanente han recibido información sobre el trabajo de la Comisión Asesora de Reparación Integral, que está aplicando el PRIVA (Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales).

Cabe recordar que el PRIVA fue aprobado en la Asamblea Plenaria de julio de 2024 para atender precisamente los casos en los que la justicia civil ya no pudiera intervenir por prescripción del delito o por la muerte del victimario. Se trata de una obligación moral más que legal, apuntó Luis Argüello durante su discurso en la sesión inaugural de aquella Plenaria.

Y aunque les corresponde a los miembros de dicha comisión —«entidad independiente de esta casa», ha aclarado el secretario general de la CEE— dar cuenta de los procedimientos en los que están trabajando, César García Magán ha realizado un adelanto de los datos a petición de los periodistas.

«En total se han recibido 81 solicitudes de atención». De todas ellas, en la actualidad la comisión «ha solicitado a las diócesis o congregaciones afectadas 50 expedientes para su revisión y, así, no revictimizar a las víctimas». Cabe señalar que en el proceso de la comisión asesora está previsto que la víctima no tenga que volver a testimoniar su caso, ya comunicado en su momento a la autoridad eclesiástica competente, para que no tenga que volver a revivir aquellos acontecimientos.

De esta forma, «se ha solicitado la información, para hacer una valoración, y en algunos casos se ha pedido un aporte extra de documentación». Después de todo este proceso, «se han resuelto 24 casos», ha asegurado el también obispo auxiliar de Toledo. «Y en este momento hay otros siete expedientes en estudio», ha concluido el prelado.

El avance en los trabajos de la comisión contrasta con la paralización del diálogo con el Gobierno en este ámbito. Según ha explicado César García Magán, desde que «nos reunimos con el ministerio de Presidencia», el que dirige Félix Bolaños, «para presentar el trabajo del PRIVA no hemos tenido noticias ulteriores».

No se puede reducir la democracia

A pesar de estar también fuera de los temas del orden del día, e incluso de la discusión de los obispos en la Permanente, García Magán se ha referido durante la rueda de prensa a la actualidad eclesial y política de la semana pasada, marcada de alguna forma por la visita del presidente de la Conferencia Episcopal al Congreso de los Diputados. Lo hizo el pasado martes 17 de junio acompañado de Cáritas, el departamento de Migraciones de la CEE, REDES y CONFER para reunirse con el grupo socialista y el grupo popular y tratar así de desbloquear la tramitación parlamentaria de la ILP de regularización de migrantes.

La presencia de Argüello en el Congreso se gestó en una carta que el presidente de la CEE envió a los distintos partidos políticos para animar el diálogo en torno a la regularización de migrantes y el acuerdo entre las formaciones. Posteriormente, durante su discurso de apertura de la última Asamblea Plenaria de los obispos, el también arzobispo de Valladolid reiteró sus argumentos y ofreció la sede de la CEE para realizar un encuentro en el que avanzar en la negociación, aunque finalmente este se realizó en una de las salas del Congreso

«Fue a pedirles que se llegue a un acuerdo y ha recordarles que la ILP es una iniciativa que no parte de ningún partido, sino que viene de la sociedad civil. Es una herramienta recogida en nuestra Constitución», ha explicado el secretario general de la CEE al final de la Comisión Permanente. En este sentido, García Magán ha subrayado que no podemos reducir la democracia a la actividad de los partidos o a votar cuando toque. Eso es un reduccionismo. No podemos dejar fuera a la sociedad civil».

Por último, el obispo ha hablado de la Doctrina Social de la Iglesia y ha reiterado el compromiso de la Iglesia con esta iniciativa que logró recoger el apoyo de más de 600.000 personas. A pesar de ello, la iniciativa está teniendo un desarrollo parlamentario poco ágil. Por ello, desde la CEE se ha pedido «que se solucione de una vez el caso de las personas que encuentran no pocas trabas de carácter legislativo para su proceso de regularización».