La carrera de los riders: de la precariedad a la dignidad laboral

Hace apenas unos días, un rider murió en Madrid en un accidente de moto cuando llevaba un pedido de comida a domicilio. Venezolano de nacimiento y abogado de profesión, la muerte de Néstor fue el detonante que aceleró la semana pasada las negociaciones entre el Gobierno, las empresas y las asociaciones de repartidores para elaborar una ley que proteja definitivamente las condiciones de trabajo en este sector.

A pesar de que no se han dado a conocer los términos finales de la negociación, todos los actores dan por hecho que la nueva ley considerará a los riders como trabajadores asalariados, y no como falsos autónomos, como ocurre ahora. «No pedimos nada que no esté recogido en el Estatuto de los Trabajadores, y nos dan la razón 43 sentencias judiciales, entre ellas la del Tribunal Supremo del pasado mes de septiembre», defiende Dani Gutiérrez, portavoz de la asociación Riders x Derechos.

Gutiérrez es un rider de Barcelona que lleva varios años en este sector y que ahora mismo se encuentra en procesos judiciales «al hacer huelga en protesta por desempeñar mi trabajo como un falso autónomo». Comenta que es habitual que los repartidores trabajen «para dos o tres empresas a la vez» y así sacar un sueldo digno a fin de mes. En realidad, «estamos cobrando muy por debajo del salario mínimo interprofesional. No tenemos derecho a baja médica ni a vacaciones, ni a subsidio de desempleo. No tenemos derechos sindicales ni podemos hacer huelga. Ahora, si te rompes una pierna y no puedes trabajar no cobras nada; y si no te llaman para hacer un pedido, tampoco recibes nada».

Además, al cobrar por horas, «tenemos que ir muy rápido para que nos compense, y eso es peligroso». Para el portavoz de Riders x Derechos, la precariedad laboral de su sector «es causa directa de accidentes». En caso de que prospere la ley, las empresas tendrán que cumplir la directiva de riesgos laborales «y el riesgo se reduciría».

Gutiérrez desvela también las dificultades por las que pasaron los riders durante los primeros meses de la pandemia: «No hemos tenido ninguna ayuda y, al no depender de una empresa, tampoco hemos tenido acceso al ERTE. Ni siquiera hemos tenido protección sanitaria los que la hemos necesitado».

Rafi Cáceres, responsable del Secretariado de Pastoral Obrera de Barcelona, denuncia las jornadas laborales de 14 horas, la exigencia de realizar dos entregas por hora, y la «aberración» de puntuar al repartidor a través del móvil. «Este es un modelo de trabajo basado en condiciones muy precarias que han impuesto las plataformas y que rozan la esclavitud», lamenta.

El portavoz de la asociación Riders x Derechos espera que, a partir de ahora, «estemos más cubiertos y tengamos al menos un convenio que nos proteja». Y ante las voces que prevén un aumento del paro en su sector debido a una mayor regularización, responde que «si antes teníamos un volumen de trabajo, no sé por qué ahora íbamos a tener menos».

Más allá de los repartidores

Una ley que regule este escenario «sería un avance, porque permitiría a muchos dejar de plegarse a las condiciones que marcan las empresas», afirma Juan Fernández de la Cueva, delegado de Pastoral del Trabajo de Madrid. «Muchos están sin contrato, tienen que estar todo el tiempo disponibles porque si no pierden pedidos en el futuro… Eso no es un trabajo digno», añade.

Fernández de la Cueva destaca que, con el resultado de las negociaciones, los riders saldrán muy beneficiados, pero también revela que «hay repartidores que piensan que es mejor seguir así». «Tienen miedo a quedarse sin empleo y prefieren seguir trabajando aunque sean explotados. Al final 600 euros al mes son 600 euros al mes, y eso es lo que necesitan muchos para poder pagar el alquiler y la comida».

De todos modos, las negociaciones sobre la nueva ley «no se pueden dejar en manos de las plataformas y es necesario que las asociaciones de repartidores tengan más peso», afirma Rafi Cáceres. Para la responsable de Pastoral Obrera de Barcelona, el texto que llegue al Congreso «hay que cerrarlo bien para que las empresas no tengan margen a la hora de dejar de contratar como asalariados a sus trabajadores». En este sentido, lamenta que las plataformas «no hayan tenido antes gestos» hacia sus empleados, y denuncia que «no les preocupa la persona más allá de que tenga una buena puntuación y entregue los pedidos a tiempo».

Esta precaución hacia el texto que llegue al Congreso la comparte también José Luis Palacios, de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente: «Nos preocupa que al final esto acabe como una especie de ley a la carta que cubra las demandas de las empresas a costa de devaluar el valor real del trabajo y de competir de manera desleal con otras empresas que sí respetan las condiciones de sus empleados». En caso de que esto fuera así, «se abriría una puerta a la indecencia». Por eso, «si estas empresas realizan una aportación valiosa para la sociedad, que se sometan a la legislación laboral vigente», defiende Palacios. «Hoy en España es necesario generar empleo, pero tiene que ser de calidad. No puede ser un empleo que cronifique los problemas de la gente».

Más allá de los riders, «hay otros sectores, como los de las empleadas del hogar o las limpiadoras de hoteles, que tienen que seguir dando pasos en la regularización. Son colectivos precarizados para los que el camino emprendido por los riders puede ser un paso importante», afirma también Gonzalo Ruiz, presidente de la HOAC.

«Lo que está en juego es la construcción de un trabajo digno», concluye Rafi Cáceres. «Hoy estamos pendientes de los repartidores, pero sus demandas tienen que trasladarse a otros ámbitos, porque los trabajos sin horas, los microtrabajos y los empleos precarios cambian gravemente nuestra forma de vida y atentan contra la dignidad de la gente».