Jorge Serrano: «La regularización de migrantes es clave para las pensiones»

—¿Cómo valora este anuncio? Llevan mucho tiempo trabajando por esto.
—Es un notición. Una bomba nuclear de bondad, de solidaridad y de justicia. Si nos alegramos de nuestro trabajo cada vez que conseguimos la regularización de una persona a través de nuestros servicios de acompañamiento, imagínese lo que puede ser regularizar a medio millón de personas. Esto es el resultado de un trabajo que nace en abril del 2021. Comenzó con el partido Por un Mundo Más Justo y la Fundación para la Ciudadanía Global, que redactaron el texto legislativo, al que luego se sumaron 1.000 organizaciones sociales, también muchas religiosas, que apoyaron la iniciativa. Es un trabajo y una victoria de la sociedad civil, y esto no puede quedar deslucido por el acuerdo de ahora entre Podemos y el PSOE.

—De hecho, usted mismo ya propuso en octubre a través de Alfa y Omega esta regularización vía real decreto. ¿Han colaborado de alguna forma en sacarlo adelante?
—Sí, hemos estado en conversación diaria con Sumar, que tiene el liderazgo en la Comisión de Migraciones del Congreso de los Diputados. También hemos tenido una interlocución con el Gobierno desde el primer momento. Y sí, como le decía en octubre, le pedimos un cambio, de la ILP al real decreto, ante el complejo panorama político actual.

—¿Quienes se van a beneficiar de la regularización?
—Se calcula que son unas 500.000 personas. La inmensa mayoría de ellas estás trabajando en sectores como la construcción o la agricultura. Son gente que recoge nuestros tomates, nuestros aguacates, nuestros calabacines o que están trabajando en el servicio doméstico o la restauración. Pero a pesar de estar trabajando, están en condiciones de enorme vulnerabilidad. Los temporeros de los invernaderos de Almería, por ejemplo, viven en una situación calamitosa en chabolas construidas por ellos mismos. No tienen electricidad, ni agua corriente, ni calefacción, ni aire acondicionado —con lo que eso supone en verano en Andalucía—, ni les recogen la basura. No pueden cargar el móvil. Es como si vivieran en el siglo XVI. De hecho, viven peor de como lo hacían en sus países, lo que pasa es que aquí cobran muchísimo más y así pueden ayudar a sus familias. No tienen ningún derecho garantizado. Muchos trabajan en condiciones de explotación porque no les asiste la regulación del mercado laboral. Mientras están en condición irregular, no tienen acceso a ningún tipo de servicio. Precisamente el permiso de trabajo y el de residencia es lo que les va a permitir dar ese salto y salir de la exclusión. Lo cual tiene también enormes ventajas para el país.

—¿Por ejemplo?
—La regularización es clave, por ejemplo, para el sostenimiento del sistema de pensiones. Todos los informes de todas las administraciones públicas y de las instituciones multilaterales, como el Banco de España, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, están de acuerdo en que el sistema de pensiones español es imposible de sostener si no es por la migración. Esto es clarísimo. Pero no solo se van a aumentar estas cotizaciones, sino también las del IRPF. Estas personas, que no estaban contribuyendo vía impuestos, van a empezar a hacerlo, lo que va a disminuir el déficit fiscal del Estado español. Por último, hay que decir que toda esta economía que antes era informal pasa a ser formal y, por tanto, pasa a formar parte del PIB de España.

—Usted afirma que esta regularización no va a suponer un efecto llamada. ¿Por qué?
—Es justo al contrario. Se ha anunciado que la regularización beneficiará a quien estuviera en España antes del 31 de diciembre de 2025, por lo tanto quien venga ahora atraído por este anuncio no va a entrar. Nadie se va a jugar la vida sabiendo que tiene la certeza de que no podrá acogerse a la medida. A alguien que llegue hoy mismo no le queda más remedio que permanecer de forma irregular en España los años necesario para poder optar al mecanismo de arraigo. Admito que el único efecto llamar podría haberse producido meses atrás ante la expectativa de que se fuera a aprobar esta regulación extraordinaria.

—¿Cuál es el proceso tras la aprobación de este martes en el Consejo de Ministros?
—A partir de ahora empieza un trámite administrativo, como el de cualquier real decreto, que requiere un posicionamiento por parte del Consejo de Estado o una audiencia pública durante el cual el texto podría sufrir alguna modificación. Según ha explicado la portavoz del Gobierno en rueda de prensa, la idea es que las solicitudes de regularización se puedan presentar desde abril hasta el 30 de junio.