Italia impone un cerco ético a los influencers
Los creadores de contenido con más de un millón de seguidores serán multados con hasta 600.000 euros si no declaran cuándo hacen publicidad. Italia es pionera en aprobar un código de conducta
A la rubia más famosa de Italia se le atragantó el pandoro esta Navidad. La autoridad italiana de la competencia, AGCM, impuso a Chiara Ferragni, la influencer más chispeante de este firmamento de selfies narcisistas, una multa de más de un millón de euros por comercializar este producto con falsos fines benéficos. Cientos de italianos alegraron las sobremesas navideñas gracias a este dulce similar al panetone con el logotipo de Ferragni, convencidos de que parte del precio que habían pagado iría destinado al hospital pediátrico Regina Margherita, de Turín. Sin embargo, la donación, de 50.000 euros, la hizo Balocco —empresa productora de pandoro— en solitario, mientras que Ferragni se embolsó un millón de euros con la campaña. En un vídeo publicado en Instagram —la red social en la que cada día ostenta su lujosa vida—, pidió perdón entre lágrimas por haber cometido «un error de comunicación» y anunció que haría una donación al hospital turinés.
Tras la polémica que ha tambaleado su imperio —en 2022 le generó unos beneficios de diez millones de euros— y ha manchado su imagen, Italia ha decidido cercar con un código ético a los creadores de contenido en las redes sociales. Es un paso más, pionero, respecto a las normas de otros países que simplemente regulan la faceta publicitaria. La nueva norma impone a los influencers con más de un millón de seguidores que etiqueten todo lo que publiquen adecuadamente para que la audiencia pueda identificarlo como publicidad. También que velen por la integridad de los menores, como hacen los medios de comunicación. Debido a su alcance masivo, los influencers pueden llegar a ejercer más poder que la publicidad tradicional a la hora de dilatar las ventas de determinados productos. Los que transgredan estas normas se arriesgan a una multa de hasta 600.000 euros.
Francia: El país galo prohíbe a los influencers promocionar productos como el tabaco o los medicamentos. Asimismo les obliga, por ejemplo, a avisar si usan un filtro y a ser totalmente transparentes en el contenido de naturaleza pagada.
Noruega: Ha declarado la guerra al Photoshop al aprobar en 2021 una ley que obliga a marcas y creadores de contenido a especificar qué contenidos están retocados para luchar contra el ideal de belleza irreal y la publicidad engañosa.
Alemania:
El Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictó en 2021 que los influencers que recibiesen dinero por promocionar productos en sus fotos o vídeos debían identificar «claramente» sus posts como anuncios en un intento de regular su trabajo en redes.
Reino Unido: La autoridad reguladora de la publicidad del Reino Unido, Advertising Standards Authority (ASA), revisa periódicamente que las celebridades de las redes sociales expresen de forma identificable en sus publicaciones que están haciendo publicidad.
Para el jesuita Antonio Spadaro, que desde el 1 de enero es el subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, es un paso «importante» porque por primera vez el peso de la responsabilidad cae sobre los que «tienen capacidad de influir en la opinión pública». Pero además «es necesario generar un proceso educativo, no solo en la escuela, sino también en las familias, que rompa un poco esta lógica de obediencia», asegura. «La cuestión no es tanto en qué, sino en quién confiamos. Es decir, cómo de fiables son las personas que salen en las redes».
Las redes sociales llevan aparejada una zona de tinieblas que en no pocas ocasiones saca lo peor de la gente. Principalmente, porque su ira sacudida de escarnios y oprobios suele quedar impune. «Insultar cara a cara es más difícil, pero en la red queda difuminada la dureza de las palabras», incide Spadaro. La última víctima de las hordas de salvajes, que sin mucho miramiento vomitan en la red toda su inquina, ha sido Giovanna Pedretti. La mujer italiana de 59 años regentaba una pizzería y llevaba semanas bajo el foco mediático tras publicar en Facebook su condena a la reseña de un supuesto cliente que valoraba la comida, pero criticaba la presencia en su local de una pareja de homosexuales. A los pocos días, algunos empezaron a cuestionar la veracidad de su mensaje, que atribuyeron a un intento de promocionar su restaurante. Su cadáver fue encontrado en las aguas del río Lambro y ahora investigan su suicidio. Un ejemplo más de cómo el linchamiento público puede empujar a los más frágiles hasta el abismo.
España también está trabajando en un real decreto para regular la actividad económica de los influencers. En virtud de esa nueva norma, los creadores de contenido que operen en nuestro país deberán inscribirse en un registro estatal y adquirirán también determinadas obligaciones. Por ejemplo, tendrán que garantizar que lo que publican o emiten no violan la protección de los menores y evitar la publicidad engañosa, etiquetando apropiadamente las comunicaciones comerciales.