Italia castigará con dos años de cárcel a quien alquile un vientre en el extranjero - Alfa y Omega

Italia castigará con dos años de cárcel a quien alquile un vientre en el extranjero

En Italia la gestación subrogada ya es delito desde 2004, pero con la nueva ley se endurecería el castigo para «cualquier persona, en cualquier forma, que realice, organice o publicite la maternidad subrogada»

Redacción
Foto: EFE / Enric Fontcuberta.

El Parlamento italiano acaba de aprobar la Ley Varchi. Al texto le queda ahora pasar por el Senado. De entrar finalmente en vigor, las personas que viajen al extranjero para alquilar un vientre podrán ser castigadas con penas de entre tres meses y dos años de cárcel, además de multas de entre 600.000 y un millón de euros.

En Italia la gestación subrogada ya es delito desde 2004, pero con esta ley se endurecería el castigo para «cualquier persona, en cualquier forma, que realice, organice o publicite la maternidad subrogada». La nueva norma implicaría una modificación de la Ley 40 de 2004 sobre fecundación asistida y añadiría más sanciones al alquiler de vientres cuando «el hecho ha sido cometido en el extranjero». La ley lleva el nombre de la diputada italiana Carolina Varchi, quien la ha sacado adelante y sostiene que «la maternidad es única, insustituible y no subrogable». También considera que «no puede darse a cambio de una tarifa, un hijo no es comercializable».

La ley ha sido aprobada con el apoyo de 166 diputados, 109 en contra y cuatro abstenciones. Durante los meses previos a su aprobación, varios miembros del Gobierno como Federico Mollicone, presidente de la Comisión de Cultura, mostraron su rechazo a la gestación subrogada calificándola como un delito «más grave que la pederastia». Por su parte, algunos partidos han votado en contra de esta nueva ley y justificando lo que llaman «gestación subrogada solidaria», donde la madre del niño no cobra por quedarse embarazada y gestarlo.

El Vaticano se ha mostrado continuamente contrario a esta técnica de reproducción asistida que convierte los deseos de los padres en un negocio y, en julio de 2020, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU ya compartió su «preocupación» por el «creciente tráfico» de recién nacidos y de mujeres como vientres de alquiler.