Investigador sobre migraciones: «El pacto de la UE está hecho para legitimar las políticas hostiles»

— El Día Internacional del Migrante coincide este año con la aprobación de un fondo de solidaridad aún más reducido entre países y el respaldo a los centros de retorno fuera de la UE. ¿Qué ha pasado desde que se aprobó el Pacto de Migración y Asilo para que ya antes de entrar en vigor se haya endurecido la política migratoria europea?
—El mensaje oficial es que el pacto es positivo porque ayuda a mejorar la migración como un proceso ordenado, regular y seguro. La realidad que critica la inmensa mayoría de organizaciones de la sociedad civil y de investigadores es que más allá de mecanismos de redistribución, que con 30.000 personas al año quedan en nada, lo que hace el pacto es garantizar elementos más restrictivos. El hecho de que algunos países estén dando pasos más allá muestra que aparte de que es de mínimos no está hecho para limitar las políticas hostiles a los migrantes sino todo lo contrario, casi para legitimarlas.

—Esos países son cada vez más.
—Toda la UE está avanzando hacia ello, parece que hay un consenso social. Quizá España es una de las excepciones, pero más a nivel de retórica que de políticas reales porque si bien es verdad que no las está endureciendo, tampoco está haciendo nada por mejorar la realidad. Las fuerzas políticas, incluso algunas que no están el espectro de la extrema derecha como el Gobierno socialdemócrata de Dinamarca, están reaccionando a la creciente demanda de las sociedades de ser más estrictos en el control de fronteras. 

—Con todo el interés que suscita el modelo de Meloni, ni la propia Italia lo ha logrado implementar y sus centros en Albania están prácticamente en desuso. 
—Es la suerte de vivir en un Estado de derecho donde hay separación de poderes. Son los tribunales los que lo han parado. Pero veremos cuánto tiempo logran frenarlo, porque si se aprueban nuevas leyes se acabará pudiendo llevar a cabo.

—¿Qué se puede hacer para revertir este ambiente?
—Pedagogía. Es muy fácil desmentir los mensajes que hablan de asalto, invasión o desborde. Los datos demuestran que no estamos ni de lejos en ese escenario. Hay que destacar que aunque formalmente las políticas hostiles están orientadas a ser un freno, en realidad su efecto más palpable es el control interno, asegurarse de que los inmigrantes se acaben dedicando a lo que los Estados quieran, cumpliendo la función utilitarista que quieren los Gobiernos.

—¿No es el ser irregulares lo que permite que se los explote?
—Es la pescadilla que se muerde la cola: si se fortalece el control migratorio o se intentan eliminar medidas como la regularización por arraigo se generan bolsas de irregularidad. El Estado sabe quiénes son estos migrantes, dónde están y qué hacen. No actúa porque cumplen una función. 

El ejemplo más palpable es Italia. Durante la pandemia, el Gobierno dio la cifra de migrantes irregulares trabajando en la agricultura, lo que demuestra que sabía cuántos eran. Y como entonces le convenía, hizo una regularización para que pudiera autorizárseles a salir del confinamiento. Los Gobiernos saben que la movilidad humana no se puede frenar. Se puede reducir con mucho esfuerzo. Y cuanto más duro eres, la gente va a seguir viniendo pero en peores condiciones.

—Dentro de este panorama, ¿por qué cree que en España no termina de arrancar la ILP para una regularización de migrantes?
—Ni siquiera durante la pandemia, cuando el Gobierno tenía más margen, su parte socialista quiso llevar adelante la regularización que pedía Podemos. Eso explica también por qué ahora tampoco se hace por decreto. Mi interpretación es que el PSOE no quiere por dos razones. Supuestamente la UE prohíbe las regularizaciones masivas —en realidad se podrían hacer pero no es sencillo—. 

La segunda es que no interesa porque si se hace una inmensa parte de las migrantes irregulares que se dedican a la agricultura porque es lo único que pueden hacer va a irse a otros trabajos. Por eso muchos decimos que mantener a personas en situación irregular es una política activa, no un fallo del sistema.

—¿Es sostenible a largo plazo un pacto que contempla tan pocas reubicaciones —como el año que viene entra en vigor en junio ni siquiera se han aprobado las 30.000— y donde además se aprueban continuamente excepciones para determinados países?
—Mi impresión subjetiva es que no va a solucionar absolutamente nada. Es la típica política cosmética de la cual los Estados tratan de sacar provecho de lo que les conviene. España, Italia y Grecia lo utilizarán para conseguir fondos, y los demás países aceptarán porque les compensa eso más los demás mecanismos. Seguirá habiendo el mismo número de llegadas y las personas se quedarán en los mismos puntos, pero la UE va ganando tiempo y los países que se oponen ganan mucho en la política interna.

—Pero en los últimos tiempos sí se han reducido las llegadas.
—Probablemente porque se ha logrado ejercer un control más efectivo de, en el caso de Canarias, las costas senegalesas y mauritanas; y porque por suerte no ha habido ningún conflicto en nuestro entorno inmediato, como pasó con Siria. La UE ha hecho pactos con todos los países del Mediterráneo para garantizar que recibirán fondos a cambio de controlar sus costas. Lo que no se dice es que muchas veces dejan a las personas abandonadas en medio del desierto. No les pegan un tiro pero prácticamente las matan dejándolas morir, con dinero de la UE. Desde el frío dato es un éxito pero con mirada humana es un fracaso. 

—Al mismo tiempo, está a punto de cumplirse un año de la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos y de su propia avalancha de medidas antiinmigración y políticas hostiles aún más duras. ¿Qué balance hace?
—Me parece nefasto porque está metiendo el miedo en el cuerpo a muchas personas racializadas. Y también va a ser un drama productivo para el Estado. Estas políticas nativistas venden mucho la mano dura pero no sé si calculan bien todo lo que depende de esas personas migrantes. 

—Es lo que ocurrió en el Reino Unido tras el Brexit.
—Se hizo justamente para tener más herramientas para el control migratorio y lo primero de lo que se dieron cuenta es de que gran parte de su economía, sobre todo la agricultura, dependía de trabajadores europeos. Los primeros años tuvo que importar alimentos porque no pudo garantizar su seguridad alimentaria. Y lo que ha acabado haciendo es sustituir a esas personas que venían del espacio europeo por otras de países con los que ha firmado acuerdos para contratación en origen. Pero la realidad de tener a cierto número de extranjeros trabajando en tu territorio es el mismo. 

—¿No es mejor para los inmigrantes el venir de forma regular?
—Depende. En casos como el de Huelva los inmigrantes irregulares viven mejor que los que vienen mediante programas de contratación en origen porque, aunque sus condiciones son lamentables, pueden moverse o irse a otra empresa. Los que vienen con un contrato solo pueden trabajar para un empresario, por lo que toda su vida en nuestro país depende de él y esto muchas veces deriva en abusos.