Iniciativas para extender la eutanasia en Europa: «La causa médica ya no es lo central»

«La eutanasia no es un signo de progreso, sino un retroceso de la civilización». Cuando una persona quiere morir al faltarle «los cuidados necesarios merece comprensión y apoyo para que tenga una verdadera alternativa». En 2018, el diputado António Filipe anunciaba así que el Partido Comunista votaría contra (y sería clave en derrotar) cuatro proyectos de ley de eutanasia en Portugal. La semana pasada, Carlos García Adanero (Navarra Suma) recordó sus argumentos en el debate que admitió a trámite la ley de eutanasia en el Congreso español. No fueron suficientes en Madrid, y todo indica que en el país vecino ya tampoco.

El Parlamento luso vota este jueves abrir el debate sobre cinco nuevos proyectos, y «salvo milagro, las matemáticas parecen claras»: en 2018 el no solo ganó por cinco votos, y en las elecciones de octubre sus impulsores, populares y comunistas, perdieron 18 escaños. Lo explica Antonio Pinheiro Torres, vicepresidente de la Federación Portuguesa por la Vida.

Estos proyectos se presentan —denuncia— mientras en el país vecino «la mayoría de la gente no tiene acceso a los cuidados paliativos. Si alguno pasa, al final de la vida solo se ofrecerá la eutanasia». También critica la miopía de sus promotores, que si bien reconocen la deriva de la eutanasia en países como Holanda o Bélgica, «dicen que aquí se ha hecho una ley más perfecta y eso no ocurrirá. Pero los proyectos están llenos de lagunas».

A pesar de todo no es pesimista. «Solo pierde quien desiste de luchar», recuerda. El movimiento provida ha lanzado, con apoyo de la Iglesia católica y todas las demás religiones, una iniciativa legislativa popular que espera reunir en las próximas semanas las 60.000 firmas necesarias para pedir que se convoque un referéndum. Si el Parlamento accede, la tramitación quedaría en suspenso.

Consciente de que «la verdad no depende de la opinión pública pero los resultados políticos sí», Pinheiro cree que es «el medio más eficaz de movilizar a la gente, sensibilizar a las instituciones y a los políticos y suscitar el debate, la información y la formación del pueblo». «Las oportunidades de esclarecer» el contenido de la ley «siempre juegan a favor de la vida». ¿Y si no lo consiguen? Tratarán de limitar el alcance de la muerte provocada «intentando revocar la ley, vigilando su implantación y acogiendo a los que necesitan que se les cuide y no que se les mate». Si alguien cambia de opinión, habrá valido la pena.

Alemania: la lucha de los negocios del suicidio

Menos de una semana después del debate en Portugal, el 26 de febrero, el Tribunal Constitucional alemán dará a conocer su sentencia sobre la ayuda organizada al suicidio. En el país germano, hasta 2015 no estaba castigada. Ese año, dos diputados, socialdemócrata y conservador, lograron la aprobación de una reforma del Código Penal que castigaba tanto esta asistencia como la publicidad de esta opción, si se hace de forma profesional (con una dedicación significativa dentro de la propia actividad laboral). Pretendían frenar a entidades de promoción de la eutanasia, como las suizas Exit o Dignitas, que el año pasado tenía en Alemania 3.225 socios dispuestos a utilizar sus servicios. Pero al mismo tiempo se despenalizaba la ayudar al suicidio de un «familiar» o «allegado» enfermo. Una excepción que, según el médico y bioeticista germano Axel Bauer, puede amparar a los médicos que lo hagan de forma esporádica.

No contentas con esto, varias organizaciones proetuanasia, junto con algunos enfermos y médicos, recurrieron la reforma del Código Penal ante el Constitucional. Se espera que en su sentencia influya otra del Tribunal Federal Administrativo, que en 2017 afirmó que «en casos excepcionales el Estado no puede impedir el acceso de un paciente» a productos que le permitan suicidarse.

Bélgica: reforma con prisas y sin Gobierno

Si se llega a facilitar el suicidio asistido, Alemania se acercará a sus vecinos Holanda y Bélgica. En este último, desde que entró en vigor la eutanasia en 2003 las muertes anuales se han multiplicado por diez. En 2018 fueron 2.357 (un 2 % del total), con un 18 % de casos por problemas mentales (sin especificar) y un 19 % por polipatologías típicas de la ancianidad. Ahora, «algunos partidos quieren aprovechar el hecho de que no se haya formado aún Gobierno para votar varias leyes sobre bioética» sin que los diputados estén obligados por el contenido de un acuerdo de Gobierno, denuncia Léopold Vanbellingen, del Instituto Europeo de Bioética. «Por eso quieren el mínimo debate posible». En pocas semanas se votará un proyecto que obligará a todas las residencias de ancianos a ofrecer la eutanasia y dará validez ilimitada a los testamentos vitales, en vez de obligar a renovarlos cada cinco años.

Una segunda iniciativa legislativa, que se votará más adelante, permitirá matar por compasión a personas con demencia que lo hayan pedido previamente. «La pregunta es qué ocurrirá si luego el paciente la rechaza. En Holanda, se considera que [esta retractación] no tiene importancia». Vanbellingen ve en estas propuestas una mentalidad que considera la eutanasia un derecho, y en la cual «las causas médicas ya no ocupan un lugar central». En esa línea apunta otra ley, anunciada por los liberales flamencos, que permitiría acabar con la vida de los que estén «cansados de vivir».

Holanda: ¿cansados de vivir?

La propuesta es muy parecida a la que han presentado los liberales en los Países Bajos, primer país que legalizó la eutanasia (se implementó en 2002) y donde cada año esta ya supone el 4 % de las muertes (si se suma a las sedaciones terminales, sube hasta una cuarta parte del total). El partido D66 introdujo su propuesta en el Parlamento después de darse a conocer el 30 de enero una investigación realizada a petición del Gobierno de coalición del que forma parte. Según el estudio, unas 10.000 personas mayores de 55 años querrían la eutanasia cuando hayan «completado su vida».

Este deseo —matiza Elisa García, de One of Us Países Bajos— aparecía bastante relacionado con «un nivel social bajo, problemas económicos y falta de ayuda familiar» en «un país individualista, donde mucha gente está sola aunque tenga hijos». También era un deseo «ambivalente», abierto al cambio. García cree que aunque los demás partidos del Gobierno y la mitad de la población no apoyan esta propuesta, y además solo queda un año de legislatura, antes o después «va a ser difícil pararla».

Más optimista es el bioeticista Theo Boer. Es consciente del proceso de pendiente deslizante que lleva de presentar la eutanasia como una solución extrema para evitar «terribles agonías» a aplicarla en pacientes terminales sin dolor, y a ver en ella una salida incluso cuando la muerte no está cerca. Pero después de que la eutanasia por cansancio vital «estuviera muy cerca de legalizarse en 2016» y un comité estatal la frenara por el «riesgo para las personas vulnerables» y la «poca necesidad real», que ratifica el nuevo estudio, «mi impresión es que ya no hay una mayoría parlamentaria que lo apoye», además de tener el rechazo de bastantes pensadores («muchos de ellos secularistas»).