Informe GRETA: España sigue siendo «un país de destino y tránsito de víctimas de la trata»
El Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos pide a nuestro país «garantizar la indemnización a las víctimas e intensificar las investigaciones» en materia de explotación laboral
El Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa ha instado a las autoridades españolas a garantizar el acceso efectivo a la indemnización de las víctimas de la trata de personas y a incrementar las investigaciones proactivas sobre la trata con fines de explotación laboral.
En un informe publicado este lunes, que evalúa la implementación de España de la Convención contra la trata del Consejo de Europa, en particular el acceso de las víctimas a la justicia y recursos efectivos, GRETA acoge con satisfacción el progreso en el marco legal y las políticas públicas, pero también identifica varias deficiencias que deben abordarse.
El informe señala que España sigue siendo principalmente «un país de destino y tránsito para las víctimas de la trata». Durante el período 2017-2022 se identificaron un total de 1.687 víctimas , y si bien la explotación sexual siguió siendo la forma predominante de explotación, aumentó el número de personas identificadas como víctimas de trata con fines de explotación laboral. El número de víctimas infantiles identificadas se mantuvo bajo: 79 en el mismo período.
Ninguna indemnización todavía
GRETA reconoce que se han logrado avances en algunas áreas, incluida la adopción de un Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos y un Plan de Acción Nacional sobre Trabajo Forzoso para 2021-2023. Y también valora positivamente la mayor protección que proporciona la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia y los cambios en el procedimiento de concesión de la condición de víctima introducidos por el Real Decreto Ley de medidas urgentes relacionadas con la guerra de Ucrania.
- Garantizar de forma plena la asistencia jurídica gratuita a las víctimas.
- Conseguir que la identificación formal de las víctimas no dependa de la presencia de pruebas suficientes para el inicio de un proceso penal.
- Reforzar la detección proactiva de víctimas de trata entre solicitantes de asilo y migrantes que llegan a Ceuta, Melilla y Canarias.
- Garantizar que a todas las presuntas víctimas extranjeras de la trata se les ofrezca un período de recuperación.
- Crear albergues especializados para mujeres víctimas de otras formas de explotación que no son la sexual y para varones víctimas de trata.
- Mejorar los procedimientos para la identificación de las víctimas infantiles y aumentar la disponibilidad de plazas en alojamientos seguros y especializados con profesionales capacitados.
«Aunque las víctimas de la trata pueden reclamar una indemnización de los autores durante los procesos penales, así como una indemnización del Estado, el número de víctimas que han obtenido una indemnización de los autores sigue siendo bajo y ninguna víctima de la trata ha recibido indemnización del Estado», afirma el grupo en una nota distribuida este lunes.
Por ello, GRETA insta a las autoridades españolas a hacer esfuerzos adicionales para garantizar el acceso efectivo a la compensación, incluida la revisión de los criterios de elegibilidad para acceder a las ayudas públicas y para recuperar los salarios. «Deben hacer pleno uso de la legislación sobre congelamiento y decomiso de activos, así como de la cooperación internacional, para asegurar la compensación de las víctimas», solicita.
Pocas investigaciones
Por otro lado, si bien GRETA acoge con beneplácito la respuesta policial y judicial reforzada a la trata de personas, también expresa su preocupación «por el bajo número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas por trata de personas con fines de explotación laboral». De ahí que inste a las autoridades a aumentar las investigaciones proactivas sobre este tipo de trata y recomiende una mayor capacitación de los profesionales pertinentes sobre las especificidades de la trata de personas.
En este sentido, demanda a las autoridades garantizar que los inspectores de trabajo cuenten con los recursos suficientes para realizar inspecciones, revisar el marco legislativo en busca de lagunas que puedan limitar el enjuiciamiento y la adjudicación de casos, abordar los riesgos de la trata de personas en el sector agrícola, y mejorar la detección de posibles víctimas en este ámbito.