Iglesia y UE contra el tráfico de personas

En la Unión Europea, «las personas que sufren trata y las que están en riesgo aún tienen un acceso insuficiente a la protección de sus derechos», asegura Suzanne Hoff, coordinadora internacional de la plataforma La Strada International, que engloba a ONG de 24 países europeos que trabajan en este campo. Uno de los casos que más les preocupan es el de «los migrantes indocumentados o que tienen trabajos poco cualificados o irregulares». Estas situaciones los convierten en «invisibles». Si padecen abusos o han sido víctimas del tráfico de personas para trabajar en la Unión, en muchos casos no tienen mecanismos seguros para denunciarlo. De hecho, aún ocurre que muchas personas de las que se sospecha que son víctimas de trata «son deportadas» al no tener papeles.

«En general hay buena legislación, pero con frecuencia no se implementa adecuadamente». Es el caso de la Directiva de Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos de la UE, en proceso de reforma. «Gran parte del texto actual todavía se adecúa a su fin, pero debería aplicarse mejor», como «han reconocido la Comisión y el Parlamento europeos», señala Hoff. El año pasado, se presentó una versión actualizada, sobre la que dentro de dos semanas dos comisiones parlamentarias presentarán su dictamen. Se espera que «la votación se produzca en septiembre, durante la presidencia española» de la UE, y que se adopte antes de las elecciones europeas de mayo de 2024. «Hay bastante presión para asegurarse de que es así».

En este proceso, la Iglesia quiere hacer oír su voz. Una delegación del Grupo Santa Marta visitó Estrasburgo el pasado 10 de mayo de la mano de COMECE (la Comisión de Conferencias Episcopales de la UE). Esta alianza de Fuerzas de Seguridad, empresarios, políticos, sociedad civil y obispos lanzada por el Papa Francisco en 2014 presentó su plan estratégico a diputados de varios partidos y a representantes de la Unidad de Diálogo Intercultural e Interreligioso del Partido Popular Europeo (PPE).

Los miembros de este grupo de trabajo, explica Jan Olbrycht, uno de sus copresidentes, sentían curiosidad por conocer la visión del Grupo Santa Marta. «Las iglesias y organizaciones relacionadas tienen un papel de vanguardia en la protección y asistencia a las víctimas de trata incluso en zonas remotas repartidas por todo el mundo». En el proceso, obtienen valiosa información, por lo que «su experiencia es un activo claro para los legisladores».

Para Olbrycht, resultó «muy interesante y útil» escuchar su experiencia de «cooperación entre la Iglesia y las Fuerzas de Seguridad». A partir de ahí, se plantearon «ideas y propuestas sobre prevención y lucha contra la trata», además de «debatir posibles acciones que podrían asumirse desde una perspectiva legislativa». Incluso se propuso «organizar un gran acto temático este año» para crear conciencia dentro de las instituciones de la UE. Por otro lado, COMECE tuvo ocasión de compartir su visión sobre las iniciativas actuales en el seno de la Unión. Esta entidad no solo ha presentado una contribución pública sobre la reforma de la directiva antitrata, sino que está siguiendo la propuesta de Directiva de Debida Diligencia presentada en diciembre, que incidirá en este ámbito.

Intereses contrapuestos

Aunque su organización no está relacionada con Santa Marta, Hoff considera muy «importante que los parlamentarios escuchen a expertos». En particular, acerca de «los desafíos que vemos a diario». Por ejemplo, su plataforma apoya las enmiendas que se plantean para la directiva antitrata. Con todo, «pensamos que no marcarán una gran diferencia». Por ello, piden «medidas más firmes para fortalecer los derechos» de las víctimas. «La UE debería asegurarse de que hay una buena guía para que los Estados miembro implementen esta legislación». Y, luego, «realizar un seguimiento». «No necesitamos respuestas rápidas y simples», que a veces «pueden tener incluso un impacto negativo», sino que «se entiendan los desafíos». Cuando esto ocurre, «hemos visto mejoras legales». Pero no siempre es fácil porque desde la UE no se comprende bien el problema, o por la presencia de intereses contrapuestos.

La visita de Santa Marta a Estrasburgo es solo una muestra del potencial del diálogo con las iglesias. Promoverlo es la finalidad del grupo de trabajo del PPE que se reunió con ellos. En su agenda destaca la libertad religiosa, pero también temas relacionados con «la dignidad humana, la bioética, las políticas de desarrollo y sociales, la educación y el medio ambiente», entre otros. Asuntos en los que, según Olbrycht, la doctrina social cristiana es «como una brújula».