Iglesia y abusos. «El PRIVA es un avance, pero hay que ver su aplicación»

Después de siete meses de trabajo, la Iglesia española por fin ha aprobado el plan de reparación integral a las víctimas de abusos, que atenderá exclusivamente los casos en los que la víctima fuera menor en el momento de los hechos o a los adultos equiparados en derechos a los niños. Junto con el de ser menor, otro de los criterios para que la víctima pueda acogerse a esta iniciativa es que su caso ya no tenga recorrido judicial, bien porque haya prescrito o porque el victimario haya muerto. «Se trata de un plan subsidiario para cuando se ha acabado la vía jurídica», subrayó en rueda de prensa el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. En esos casos, «cuando los caminos legales se han cerrado para las víctimas», la Iglesia «quiere mantener la puerta abierta para escucharlas y responder de forma integral», dijo el purpurado. El documento, conocido como PRIVA, recibió el pasado martes la luz verde de todos los obispos que asistieron a una Asamblea Plenaria en la que no quiso participar ninguna asociación de víctimas, a pesar de que estaban invitadas.

La no asistencia de los afectados no significa que este paso —visto con buenos ojos por las asociaciones con las que se ha puesto en contacto Alfa y Omega— haya levantado suspicacias entre ellos. Al contrario, «creo que es un avance muy positivo», aunque «es imprescindible ver cómo se concretan las buenas sensaciones en el día a día de la aplicación del documento», señala a este semanario Luis Alfonso Zamorano, experto en acompañamiento a víctimas y profesor del Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana de Roma.

De las palabras de Zamorano, sin embargo, se infiere el principal escollo del PRIVA, que crea un órgano consultor que tratará de verificar individualmente cada caso —sin revictimizar al afectado haciéndole contar de nuevo lo sucedido— y establecer el marco de reparación oportuno. «El problema es que la comisión asesora emitirá solo recomendaciones no vinculantes», lo cual «genera desconfianza entre las víctimas», enfatiza el misionero del Verbum Dei. El propio Argüello fue preguntado al cierre de la Plenaria por la no obligatoriedad del plan, a lo que el purpurado respondió asegurando que «la CEE no tiene la capacidad jurídica para obligar a las diócesis» a implementarlo. «Yo no soy el jefe de los obispos», añadió el presidente; por eso «se trata de una obligación moral» y no legal. Sobre este asunto, las víctimas requeridas por Alfa y Omega advierten de que se podría dar una situación en la que una diócesis no atiende el caso ya prescrito de un afectado, aunque «la unanimidad por parte de los obispos en la aprobación del plan hace prever que este tipo de circunstancias no se vayan a dar», confían las fuentes consultadas. Por su parte, Zamorano es partidario de revisar de alguna forma este apartado y de buscar la manera de que el PRIVA sea de obligado cumplimiento y no «un brindis al sol».

Cabe destacar por último que la comisión asesora, que estará formada por cuatro expertos en el ámbito médico forense, por cuatro del ámbito jurídico, un representante de la CEE y otro de la CONFER —las víctimas no tendrá un puesto fijo, lo que a juicio de Zamorano «provoca inquietud y no favorece la confianza»—, tendrá como objetivo estudiar cada caso y, con la ayuda de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos de la CEE, elaborar un posible baremo o sistema de valoración de los daños padecidos. No obstante, la reparación no se centra solo en el ámbito económico —que también—, sino que parte de lo que la víctima solicite y puede tener implicaciones pastorales, espirituales, médicas, terapéuticas, psicológica o sociales. «Esto es importante, porque cada víctima necesita una cosa distinta», concluye el sacerdote y profesor. Con todo, lamenta que el plan se refiera solo a casos de abusos sexuales a menores y deje de lado los abusos sufridos por los adultos o los de conciencia y autoridad, «que también han dejado vidas muy rotas».

Un plan dilatado en el tiempo

• 27/10/23. El Defensor del Pueblo entrega al Congreso de los Diputados el informe sobre abusos en la Iglesia.
• 20/12/23. El abogado Javier Cremades entrega al presidente de la CEE el informe sobre abusos que le encargaron.
• 31/05/24. El Papa recibe a la nueva cúpula de la CEE y les pregunta específicamente por el plan de reparación integral.
• 21/06/24. La CEE convoca una reunión con las víctimas para presentarles su plan y escuchar sus aportaciones.
• 04/07/24. La Comisión Permanente de la CEE da el visto bueno del plan y lo envía a la Asamblea Plenaria.