Iceta declarará el 7 de mayo por la denuncia presentada contra él por las exmonjas de Belorado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Briviesca ha emplazado a declarar al comisario pontificio para el caso Belorado, Mario Iceta, el próximo miércoles, 7 de mayo, ante la denuncia presentada contra él por algunas exclarisas cismáticas.

Según un comunicado de la oficina del comisario pontificio, que recoge información de EFE, la denuncia ya «fue sobreseída en primera instancia» por este mismo juzgado «por el carácter prematuro» de la instrucción y «la falta de motivación».

En esta comparecencia, Iceta tiene previsto exponer «la falsedad de las acusaciones de coacciones, revelación de secretos y administración desleal» que le atribuyen las exreligiosas en la denuncia, «sin que esta actuación en modo alguno prejuzgue ninguna posición procesal del declarante», explica el comunicado.

En este sentido, la nota de la oficina recuerda que el comisario pontificio, Mario Iceta, está facultado tanto canónica como civilmente para ejercer como superior mayor, administrador y representante legal de los tres monasterios: Belorado Orduña y Derio. «Así ha sido reconocido por todas las administraciones públicas y por las entidades bancarias y ha actuado en consecuencia, a pesar de todas las dificultades interpuestas por las exreligiosas, que reiteradamente han impedido el ejercicio de este derecho y obligación».

Demanda de desahucio

Sobre la demanda de desahucio, presentada en dirección contraria por el comisario pontificio contra las exreligiosas que siguen viviendo en el monasterio, Iceta ha recordado que el juzgado estableció el 13 de mayo como fecha para la vista previa de la demanda de desahucio y estableció el 10 de junio como fecha para la práctica del lanzamiento.

«Es de especial relevancia señalar -concluye la nota- que el mismo juzgado ha notificado que no ha apreciado situación de vulnerabilidad en las exmonjas», que «la entidad religiosa Monasterio de Santa Clara de Belorado no ostenta la categoría de gran tenedor» y «ha desestimado la prejudicialidad y la vinculación de los procesos solicitadas por las exreligiosas».