Hong Kong promulga una ley que ahoga todavía más la libertad religiosa

El recorte de libertades en Hong Kong bajo las órdenes del todopoderoso régimen chino ha dado un salto cualitativo con la promulgación el pasado martes de una nueva disposición de Ley de Seguridad Nacional, también conocida como Artículo 23. La normativa impuesta por Pekín —que recrudece las penas por traición, sedición o espionaje— también criminaliza a los sacerdotes que no rompan el secreto de confesión cuando sepan de algún delito de traición. Para el activista Benedict Rogers, fundador del observatorio Hong Kong Watch, se trata de una ley que socava la libertad religiosa porque supone una «posible amenaza a la confidencialidad del sacramento de la confesión» y porque en la práctica conlleva una «intensificación de la autocensura del clero en lo que predican en sus sermones».

En declaraciones a Alfa y Omega, Rogers a quien los medios oficiales chinos describen como «una grave amenaza para la seguridad del Estado y los intereses de la Nación», incide en la preocupación que genera que tanto que los sacerdotes «se vean presionados para denunciar los delitos confesados», como que los penitentes sean «reacios a confesarse si tienen algún asunto políticamente delicado que deseen mencionar en confesión».

La Ley de Seguridad tipifica el delito como «traición por negligencia» y no solo apunta a los sacerdotes, sino a todo aquel que se entere de conductas contrarias a la seguridad del Estado pero no las comunique ni denuncie. Todo aquel que la incumpla podría ser condenado a 14 años de prisión. «También existe la preocupación de que las iglesias se vean sometidas a una mayor vigilancia e infiltración», asegura Rogers.

Con todo, se desconoce cómo implementarán en la práctica la nueva ley las autoridades de Hong Kong, las mismas que encarcelaron al cardenal Joseph Zen Ze-kiun, acusado de «colusión con fuerzas extranjeras» en virtud de precisamente la Ley de Seguridad Nacional, junto a otros activistas por administrar el Fondo 612 —una fundación de ayuda humanitaria para activistas detenidos por el régimen chino—.

Los hilos del control de la libertad religiosa por parte de las autoridades de Hong Kong conforman una red opresiva pero casi imperceptible sobre los ciudadanos de la región asiática administrada con mano de hierro por China.

Tal y como señala Rogers los métodos son «insidiosos y sutiles» porque se basan en el miedo. Los hongkoneses padecen un control implacable, aunque silencioso, «principalmente» como «resultado de la autocensura, el control y la vigilancia».

En febrero de 2018 entró en vigor en China la «Nueva reglamentación de las actividades religiosas» por la que las autoridades solo permiten aquellos actos y ceremonias que se celebren en lugares registrados oficialmente y, por lo tanto, controlados. Una «sinización» de la religión, orquestada también en Hong Kong por el régimen de Pekín, que según Rogers también es parte del elenco de amenazas a la libertad religiosa. Por último, el activista cita los desafíos que esto supone en el sector de la educación en Hong Kong «donde más del 60% de las escuelas están dirigidas por organizaciones eclesiásticas».

La ONU también ha denunciado el «retroceso» para los derechos fundamentales de la población hongkonesa que supone la nueva Ley de Seguridad Nacional aprobada por el Parlamento de la región administrativa especial china.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha alertado de la «incompatibilidad» de muchos de sus artículos con el Derecho Internacional.

La ley, según Turk, «puede ser usada de forma arbitraria para atacar a voces disidentes, periodistas, investigadores y miembros de la sociedad civil, además de defensores de los Derechos Humanos», ha indicado, al tiempo que ha afirmado que la normativa puede ser utilizada para la «reducir discursos legítimos en relación a cuestiones de interés público en las que el debate es de vital importancia».