Hong Kong confirma la condena al cardenal Zen

El Tribunal de Apelación de Hong Kong ha desestimado este viernes el recurso presentado por el cardenal Joseph Zen y otros cuatro antiguos fideicomisarios del llamado 612 Humanitarian Relief Fund. Los jueces han confirmado que el fondo debía haberse registrado como sociedad o haber solicitado una exención conforme a la normativa de Hong Kong, informa Asia News.

El fondo emergió en junio de 2019 para prestar asistencia económica a manifestantes detenidos o heridos durante las protestas contra el proyecto de ley que permitía la extradición de personas desde Hong Kong a China. Aquellas movilizaciones comenzaron contra esa medida, posteriormente retirada, y evolucionaron hacia un movimiento prodemocrático más amplio.

Junto al cardenal Zen, también recurrieron la abogada y exdiputada Margaret Ng, la exparlamentaria Cyd Ho, el profesor Hui Po-keung y la activista Denise Ho. Los cinco recibieron su condena en noviembre de 2022 a multas de unos 4.000 dólares de Hong Kong por no registrar el fondo.

Impacto y consecuencias

El proceso ha tenido además un importante impacto sobre el cardenal Zen y sus compañeros. En mayo de 2022, los cinco fueron detenidos durante unas horas bajo la acusación de colusión con fuerzas extranjeras, aunque las autoridades terminaron retirando ese cargo.

Los acusados habían defendido ante el tribunal de apelación que el 612 Fund era un fideicomiso y no una sociedad o asociación, por lo que no estaba sujeto a la obligación de registro. A su juicio, la interpretación adoptada en primera instancia podía tener consecuencias más amplias para la libertad de asociación y la sociedad civil de Hong Kong.

Sin embargo, los tres jueces del Tribunal de Apelación han confirmado la sentencia anterior. El presidente del tribunal, Jeremy Poon, ha considerado que el fondo funcionaba como una sociedad a efectos legales, ya que sus responsables recaudaban y gestionaban donaciones públicas destinadas a apoyar las protestas de 2019.

Sociedad civil

«El Fondo era algo más que “una simple suma de dinero en fideicomiso en poder de los recurrentes”», ha señalado Poon. El tribunal ha añadido que los cinco habían gestionado las actividades del fondo «como un comité de gestión o un órgano directivo».

Margaret Ng ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Última Instancia, la máxima instancia judicial de Hong Kong. Tras reunirse con sus abogados, ha advertido de que el alcance del caso supera al propio fondo: «Si cada vez que un grupo de personas se reúne para hacer algo esto se convierte en una sociedad que debe solicitar a la policía su registro o una exención, esto tendrá un enorme impacto en la sociedad civil de Hong Kong».