Honduras aprueba una ley para mitigar las secuelas de la violencia

El 2012 fue el año más dramático en la historia de Honduras. «Se perpetraron 83 homicidios por cada 100.000 habitantes. En total, fueron 7.172 vidas arrebatadas», asegura Andrés Celis, representante de ACNUR allí. Los datos encumbraron al país al primer puesto en la lista de los más peligrosos del mundo y dispararon los números de desplazados internos. La gente huía de la muerte. Hubo, sin embargo, una consecuencia positiva de esta macabra estadística: que la sociedad dijo basta. «Un año después, el Gobierno publicó un primer decreto para crear una comisión especial de desplazamiento forzado y pidió a ACNUR que ejerciera de observador y acompañante», recuerda Celis.

Se inició así un camino que concluyó hace unas semanas, concretamente el pasado 22 de diciembre, cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, que todavía debe ser refrendada por la presidenta, Xiomara Castro, para que entre en vigor. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la norma «marca un hito al establecer un marco legal esencial para responder a la compleja situación de miles de personas desplazadas por la fuerza».

A pesar del tiempo transcurrido, la ley de desplazamiento interno llega en un momento no menos grave que el que provocó su puesta en marcha. Hasta la fecha, ACNUR ha contabilizado casi 250.000 desplazados en Honduras y espera que la cifra siga subiendo. «El problema se ha ido agravando. Hasta ahora se desplazaban familias, pero ahora son comunidades enteras. Aquí se les llama colonias-hogar», señala Fany Martínez, coordinadora de la Unidad de Desplazamiento de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Honduras. De hecho, el Gobierno declaró el Estado de excepción el pasado 7 de diciembre y, hace una semana, lo extendió hasta el 20 de febrero de 2023. «La Policía Nacional va a estar en ciertas colonias de manera permanente para tener mayor control de la situación», explica Martínez, cuyo departamento ha participado en las discusiones para la elaboración de la ley.

En este contexto, esta nueva legislación hondureña implementará una batería de medidas para reforzar los derechos de los desplazados. «No es que se creen derechos nuevos. Son los mismos que establece la Constitución, pero normativizados y señalados positivamente para que puedan reclamarlos y los funcionarios públicos aplicarlos», indica Celis.

En concreto, se establece un fondo de asistencia humanitaria para las personas desplazadas, tarea que actualmente asumen distintas organizaciones de la sociedad civil como ACNUR o la Pastoral de Movilidad Humana de los obispos hondureños, que ayudan en necesidades como la alimentación o la ropa. También se ha creado un protocolo de reintegración educativa, para que los menores desplazados puedan incorporarse al colegio en su destino. En la actualidad, el 46 % de los niños y jóvenes en esta situación tuvieron que suspender sus estudios o no pudieron volver a ellos por la violencia. Asimismo, establece la inclusión de los desplazados en programas de salud mental, un servicio que venía demandando el 85 % de todos aquellos que se habían visto obligados a huir.

Bienes inmuebles protegidos

La norma también establece un mecanismo de protección para los bienes inmuebles de los desplazados. «Es la primera herramienta legal del país en este sentido», subraya el representante de ACNUR. Y agrega: «Hasta ahora, el nivel de registro de propiedades en Honduras era muy precario y las organizaciones criminales se aprovechaban de ello. Cuando querían controlar un territorio, presionaban a los propietarios hasta que se iban y luego se adueñaban de sus casas».

Más allá de la repercusión nacional, se espera que esta nueva propuesta legislativa pueda generar numerosos beneficios transnacionales. «Si bien no es una ley pensada para acabar con las caravanas de migrantes hacia Estados Unidas —formadas en su gran mayoría por ciudadanos hondureños—, es claro que, si la gente se ve protegida por el Estado dentro de su país, no querrá salir. Aunque hay que dejar claro que migrar es un derecho», concluye Fany Martínez.

Además, según explica el representante de ACNUR, puede ser muy interesante para los países del entorno como El Salvador o Guatemala, que ya están pendientes del desarrollo de esta norma «por la respuesta estructurada que da a escenarios de violencia generalizada».

Datos del desplazamiento

247.000 desplazados internos

55 % son mujeres y el 43 % son niños

85 % de la población presenta problemas de salud mental