Hipoglucemias, falta de intimidad y malestar mental: así sufre la salud en los CIE

«La atención sanitaria es uno de los problemas recurrentes» con el que se encuentran las organizaciones que realizan tareas humanitarias en los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Lo afirmó Josetxo Ordóñez, de Migrastudium, en el encuentro virtual sobre Des-Atención sanitaria en los CIE organizado por el Servicio Jesuita a Migrantes. Es más, «no vemos demasiadas mejores ni avances; más bien al contrario». La pandemia de COVID-19 ha servido para «agudizar» la situación, pero también para «poner encima de la mesa las dificultades y la desatención» que sufren los migrantes privados de libertad en estos centros.

El reglamento de 2014 que regula estos centros afirma que los internos «tienen derecho a la asistencia sanitaria con todas las garantías y a la asistencia de salud pública, a las urgencias, a atención farmacológica». Sin embargo, aseguró la médico Sagrario Martín, voluntaria de Médicos del Mundo en el CIE de Aluche (Madrid), tanto su experiencia directa como los informes elaborados por la Fiscalía recogen que «las quejas son permanentes».

En primer lugar, «el acceso está limitado, y no se basa tanto en la necesidad» real del enfermo sino que depende de varios trámites y del «criterio de la burocracia». Esto se debe, añadió María Paramés, enfermera y voluntaria de Mundo en Movimiento en el mismo centro, a que «los intereses económicos limitan el tipo de asistencia». No la hace el Sistema Nacional de Salud, sino personal sanitario contratado, completó la primera.

Ruptura de la confidencialidad

Cuando por fin se consigue acceder al equipo médico, la visita se produce sin intimidad, al estar presente en ella un policía. A pesar de que la mayoría de internos no tienen antecedentes, «el principio de confidencialidad se rompe en aras de la seguridad», apuntó la médico.

Martín afirmó que también se incumplen otros derechos, como el acceso a la historia clínica, a informes, a situación farmacológica, a medidas de higiene y a dietas. En este último sentido, «nos hemos encontrado con una persona diabética que sistemáticamente tenía hipoglucemias» porque «no le permitían tener comida» cuando la necesitaba.

También es negligente el cuidado de la higiene, como desarrolló Paramés. «Solo te puedes lavar con gel», que se recibe al ingresar y cada uno ha de racionarse. «No se puede utilizar peine», por considerarse peligroso. Solo se permite tener dos o tres mudas, pero el servicio de lavandería pasa «una vez por semana», y al lavar «a alta temperatura la ropa queda prácticamente destrozada». Todos los sujetadores, salvo los deportivos («muy difíciles de conseguir»), se rompen para sacarles los aros.

Deterioro

«Al visitar a las personas, vamos viendo su evolución y vemos cómo se deteriora su aspecto físico», lamentó Paramés. También han aparecido en ocasiones «epidemias y microepidemias» de distintos tipos, explicó Martín. Ni siquiera la pandemia de COVID-19 se gestionó adecuadamente.

En el caso de las mujeres, desarrolló por otra parte la enfermera, no se suele evaluar «si está en posparto, en lactancia, en menopausia o en tratamiento hormonal». Además, para comprobar si está embarazada o ha sufrido mutilación genital femenina (dos situaciones que pondrían fin al internamiento) no se debería hacer «con un policía ni sin que la persona haya consentido», señaló.

Salud mental

Martín hizo especial hincapié en la cuestión de la salud mental. «No se tiene en cuenta» que algunas personas «ya vienen con una enfermedad mental». Esta no se controla, «o se controla mal». Tampoco se presta atención al impacto que el propio ingreso y la incertidumbre que implica la posibilidad de ser expulsado del país tiene en este ámbito.

Más aún, apuntó Paramés, cuando «se condiciona la manera de llevar a cabo las rutinas». Los internos pasan 14 horas diarias en una celda cerrada, en la que seis u ocho personas comparten unos 20 metros cuadrados. A veces, «la luz no se apaga en toda la noche». Quienes tienen problemas para dormir reciben la medicación para hacerlo tres horas antes de poder acostarse, «y les deja de hacer efecto a las 3 o 4 de la mañana».

«Cualquiera desarrollaría malestar o cuadros de ansiedad», abundó Martín. Muchos internos expresan este malestar a través de lo físico. Y, sin embargo, «tenemos la impresión» de que «en el diálogo con el personal sanitario, este lo banaliza y minimiza». Eso «ha llevado a hacerse daño».

Lesiones, pero no se llama al juez

También son frecuentes las acusaciones de haber sufrido agresiones. Benito Morentin, médico forense, recordó que en 2014 el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa recogió alegaciones de maltrato físico en el CIE de Melilla, y de maltrato psicológico en Madrid y Barcelona.

Explicó que, cuando esto se produce, si tras un primer informe de lesiones de un médico asistencial (en el centro o en Urgencias) puede intervenir «de inmediato» un médico forense para un examen pericial, la certeza y exactitud de este van a ser muy altas. Pero no es lo que ocurre. «El forense por norma general interviene al cabo de días, semanas o meses». La lesión ya ha desaparecido en muchos casos, y solo va a valer el parte de lesiones, que puede ser «deficiente».

Tras analizar 15 que le facilitaron las otras entidades participantes, concluyó que «no recogen» lo que el interno decía que le había pasado ni si era compatible con lo que se observa. Hay «descripción incompleta o incorrecta de lesiones, descripción vaga de la sintomatología», sobre todo psicológica. Tampoco se especifica qué tratamiento se ha administrado. Además, mostró su sorpresa porque dichos partes «no se enviaron al juez de guardia», que es el que tendría que empezar una investigación.

En conclusión, subrayó Martín, «solo el hecho de estar en un lugar de privación de libertad», sin que medie una condena, tiene un efecto negativo en la salud. «El CIE en sí mismo es contradictorio con el derecho a la salud».