«Hay niños que querían volver y no los han devuelto»

Fueron los propios niños migrantes los que el 13 de agosto dieron la voz de alarma a las entidades sociales. Aquel día, la Policía entró en uno de los centros donde se alojan y se llevó a un grupo hacia la frontera tras la orden del Gobierno. Fue el primer mensaje. El segundo: «Nos han echado a Marruecos». Y no querían salir. Al día siguiente volvió a ocurrir. Comprobada la realidad con los propios ojos de sus voluntarios, las organizaciones sociales, que habían creado un grupo de trabajo tras la entrada masiva de mayo para dar soporte a este colectivo, se pusieron manos a la obra para paralizar las devoluciones. Tras conseguir que un grupo de niños designasen a los abogados del grupo como sus representantes, pidieron una medida cautelarísima. Pero llegaron tarde. Cuando el juzgado llamó a la frontera, ya habían sido devueltos. Por fin, el lunes 16 consiguieron el apoyo de la Fiscalía y la cautelar del juzgado contencioso administrativo, que fue corroborada días después tras escuchar al Gobierno.

Patricia Fernández Vicens, abogada de La Merced Migraciones y colaboradora de la Coordinadora de Barrios, fue una de las encargadas de iniciar el proceso y, por ende, de llevar el asunto hasta la opinión pública provocando una gran respuesta social. «No se ha valorado el interés superior del menor, no se les ha dado la oportunidad de ser escuchados, no se les ha preguntado. No se les ha permitido contar con un abogado», enumera en conversación con Alfa y Omega.

Desde la propia Iglesia se ha alzado la voz para denunciar la situación. La Conferencia Episcopal Española, tras pedir que se garantice la vida y la seguridad de los menores, recordó que es obligatorio contar con el consentimiento de los mismos para su repatriación. Por su parte, el Servicio a Jesuita a Migrantes recalcó que la devolución de un menor tiene un gran impacto, por lo que el ordenamiento jurídico «establece un procedimiento especialmente garantista» que, en este caso y en su opinión, no se respetó.

La paradoja, según cuenta Fernández Vicens, reside en que el citado grupo había enviado a las autoridades una lista con niños que querían regresar a Marruecos. «Hay niños que querían volver y no se han devuelto. Como no se les ha preguntado… Podían haber empezado por ahí. Uno de ellos, ante la desesperación, se lanzó al mar y se fue nadando porque su madre estaba enferma».

Paralizadas las devoluciones, la justicia se tiene que pronunciar sobre el fondo del asunto, algo que, según la abogada, se puede demorar seis o siete meses. Mientras tanto, los menores siguen repartidos entre tres centros de la ciudad de Ceuta. «Lo más dramático son las condiciones», reconoce, al tiempo que denuncia que, por ejemplo, a los que están en el polideportivo Santa Amelia no se les permite salir: «Están en situación de privación de libertad».

Los que han logrado escapar, por miedo a ser deportados, viven escondidos en la calle a la espera de cruzar a la península a través del puerto y por métodos precarios. «Es peligrosísimo y cuesta vidas. Van a morir niños como consecuencia de esta política», lamenta. La solución pasa por el reparto entre comunidades autónomas, añade, pues Ceuta no tienen capacidad para atenderlos. Y concluye: «Los niños viven una situación de angustia. Hay mucho sufrimiento que no está provocado por la migración, sino por el maltrato institucional al que los estamos sometiendo».

Desde Cáritas Diocesana de Ceuta, según explica Manuel Gestal, su director, tienen previsto estos días una visita a los centros de menores, así como un barrido por la ciudad para localizar a los que se encuentren en situación de calle.

Irán a la escuela

Aunque Fernández Vicens es muy escéptica sobre la capacidad para escolarizar a estos niños, lo cierto es que el Ministerio de Educación ha puesto en marcha un plan para que comiencen el curso con cierta normalidad. Así, según han explicado fuentes del citado departamento a este semanario, los niños de entre 3 y 12 años –poco más de una decena– serán distribuidos en las aulas convencionales, mientras que los que tienen entre 12-16 años (250) serán integrados «de manera excepcional y temporal» en aulas de primera acogida para su evaluación y una inmersión lingüística. Para ellos se ha contratado a 17 profesores nuevos.

A los de 16 a 18 años (más de 750) se les va a ofrecer la posibilidad de estar en aulas de acogida para, posteriormente, incorporarse a ciclos formativos de FP o a programas de alfabetización.