Hay «muchas formas» de ayudar a la familia «sin ideología»
Varias entidades esperan de la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias que prepara el Gobierno más ayudas y medidas de conciliación, en particular para las que tienen dificultades
El Gobierno quiere presentar, a comienzos de 2022, una Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias. Nada se sabe aún de su contenido concreto, pues de momento —según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030— un grupo de expertos está elaborando un libro blanco en el que se inspirará. La ministra del ramo, Ione Belarra, sí ha anunciado que una prioridad será la protección a las familias monoparentales, que ahora reciben una ayuda «fragmentada, desfasada y desigual».
Coincide con este diagnóstico Amaya Azcona, directora general de la Fundación RedMadre. En España estos hogares constituyen ya el 10,3 % del total. En el 80 % de los casos los encabezan mujeres. Y, según el informe AROPE sobre el Estado de la Pobreza en España, su riesgo de pobreza es del 53,3 %, frente al del resto de hogares, en el 27,9 %. Dentro de ellas, son especialmente vulnerables las que se han quedado embarazadas y «han sido abandonadas por el padre de su hijo». Si en el 43 % de hogares monomarentales no hay trabajo, en su caso son cuatro de cada cinco. Cuando trabajan, lo hacen de forma precaria o en la economía sumergida. «Sin trabajo no hay vivienda, y con hijos muchas veces no pueden compartir un piso o habitación porque los otros adultos no quieren». Por todo ello, «sí es necesaria» una «ley no ideológica que proteja a estas mujeres que tienen mayor dificultad».
• Ayuda universal por hijo a cargo y considerar el trabajo en el hogar de un padre como cotizado, pide el FEF.
• Valorar para ayudas públicas la renta per cápita del hogar, no la total. En el consumo, considerar también el número de miembros de la familia para no penalizar a las numerosas.
• Más horas de ayuda a domicilio pública para las familias con dependientes. También las empresas pueden ofrecerla, afirma AMECAVI.
• Planes de acceso al empleo para madres solas; ampliación de las medidas de conciliación, y extenderlas al cuidado de mayores y dependientes.
Otras familias a las que ha aludido Belarra son las que tienen en su seno a alguna de las 1,5 millones de personas dependientes de nuestro país. Todos los recursos que pueden necesitar sobre todo los mayores (un centro de día, una persona interna en casa, cuidadores o una residencia), «son caros y las pensiones no los cubren». Y las ayudas a la dependencia «son insuficientes», recuerda Ángela Moreno, vicepresidenta de AMECAVI (Asociación para la Defensa de la Calidad de Vida de todas las personas en situación de dependencia).
Además, en su trato con estas familias «vemos la dificultad que tienen muchos hijos para atender su trabajo, su propia familia nuclear y la atención a sus padres», que prefieren seguir en su vivienda. Por eso reivindica las ayudas económicas y de conciliación. Pero también «trabajar una mayor implicación del varón, porque hay mujeres desbordadas atendiendo a sus padres y a sus suegros».
50 medidas listas en el cajón
Incluso saliendo de estos grupos, que tienen necesidades específicas concretas, el Foro Español de la Familia (FEF) tiene preparada desde hace tiempo una lista de 50 medidas «que se podrían incluir en esta ley», afirma su presidente, Ignacio García Juliá. Hay margen de maniobra para implementarlas, asegura, pues «según un estudio elaborado de forma muy técnica para nosotros, lo que aporta un hijo a la sociedad es seis veces más» de lo que la familia recibe del Estado actualmente.
El 30 de abril entró en vigor la nueva Ley del Registro Civil, aprobada en 2011. El cambio más visible es la desaparición del libro de familia y su sustitución por un registro individual de cada persona, con un código personal de ciudadanía. Una medida que para Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, va más allá de lo burocrático y «es síntoma» de «la falta de reconocimiento institucional de la familia y de la comprensión de la sociedad como suma de individuos».
Desde la Cátedra Amoris Laetitia de la Universidad Pontificia Comillas, su director, Fernando Vidal, denuncia que con medidas de este tipo, «importantes» precisamente por su carácter «simbólico», el Estado «está individualizando y desvinculando a la gente, deshilachando el tejido social».
«Cuando se abordan los problemas de la familia sin ideología y sin etiquetas se te empiezan a ocurrir muchísimas formas de ayuda que llegan a más gente», asegura García Juliá. Pero teme que no será el caso. Se apoya en las declaraciones de la ministra sobre la necesidad de reconocer «todos los modelos de familias», especialmente las LGTBI. Y pide «que nos expliquen qué derechos no tienen ya» estas, pues sospecha que lo que se va a proponer «sea una serie de privilegios».
Las declaraciones de Belarra casi coincidieron en el tiempo con el anuncio y posterior rectificación sobre la posibilidad de eliminar la tributación conjunta en la declaración del IRPF. En este contexto, el presidente del FEF subraya que existe un intento de «diluir y eliminar el concepto de familia», de forma que «ya no tiene una naturaleza jurídica, una realidad palpable». Así, «la familia es lo que yo quiero que sea». Dentro de su ámbito de actuación, el de las madres solas con dificultad, Azcona no cree que una ley con ayudas para ellas «promueva este tipo de hogares». Pero sí coincide en el diagnóstico de García Juliá al apuntar que socialmente se viene fomentando desde hace tiempo «una forma de vida», sin «estabilidad en las relaciones emocionales», que «a veces trae como consecuencia situaciones de sufrimiento».