Grecia responde a las protestas de los refugiados acelerando las expulsiones

El Gobierno griego anunció este martes que ha incrementado el número de devoluciones de migrantes a Turquía y que en los próximos meses quiere alcanzar las 200 deportaciones a la semana. «En enero hubo 85 devoluciones a Turquía, mientras que durante todo 2019 hubo 391. El objetivo es alcanzar las 200 devoluciones a la semana en tres meses», informó hoy el portavoz del Ejecutivo, Stelios Petsas, en la rueda de prensa semanal del Gobierno.

El portavoz aprovechó la ocasión para abordar lo ocurrido el lunes en la isla de Lesbos, donde unos 2.000 migrantes se manifestaron en la capital, Mitilene, en una protesta que la Policía dispersó con gases lacrimógenos. Los manifestantes exigían que se estudiaran sus solicitudes de asilo, algunas de las cuales llevan meses o años pendientes, y protestaban contra las condiciones de vida en el campo. Diseñado para albergar a 2.900 personas, en la actualidad sus instalaciones y los alrededores acogen a unas 19.000.

La situación es similar en el resto de islas. En total, Lesbos, Samos, Cos, Chios y Leros, tienen 6.200 plazas pero acogen en total a 42.000 solicitantes de asilo. Las peleas son frecuentes, y al menos cuatro personas han muerto en los últimos meses. La situación se ha deteriorado rápidamente ante el incremento de las llegadas desde el pasado mes de abril.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Grecia, a través de su portavoz, Boris Cheshirkov, ha denunciado a AFP que «la importante acumulación de solicitantes de asilo y los graves retrasos en los procedimientos contribuyen significativamente a las condiciones peligrosas de hacinamiento observadas en las islas».

Una barrera flotante en el Egeo

Un problema que el Gobierno quiere resolver pisando el acelerador en las expulsiones de migrantes. «Los acontecimientos desagradables de ayer confirman la necesidad de acelerar los procedimientos de asilo, el regreso de los solicitantes de asilo y el funcionamiento de centros cerrados y controlados», aseveró Petsas. Aludía a algunas de las medidas estrella que está poniendo en marcha el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, que ascendió al poder tras las elecciones de julio. En enero, entró en vigor una nueva ley que prevé agilizar los trámites para devolver a los solicitantes de asilo rechazados a Turquía o a sus países de origen.

Otras medidas que contempla el Gobierno son el cierre de los centros de recepción —que serán sustituidos por centros cerrados, pese a las protestas de los gobiernos locales de las islas— o el despliegue adicional de 1.200 agentes en la frontera con Turquía y en las islas. Incluso quiere probar la instalación de barreras flotantes en el mar Egeo para impedir la llegada de pateras. Así lo reconoció la semana pasada, al publicar el Gobierno la convocatoria del concurso público para su construcción.

El Gobierno también aprovechó la rueda de prensa para anunciar la creación de un registro para controlar la acción de las ONG en los campos. «Muchas han hecho una contribución decisiva» a la resolución del problema, sentenció Petsas. «Pero otras han trabajado de manera problemática y parasitaria».

En lo que va de año, más de 1.900 migrantes han llegado por mar a las costas griegas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La cifra supera ya a la de todo el mes de diciembre y evidencia la tendencia iniciada en 2019, cuando hubo unas 2.000 llegadas mensuales de media. Cheshirkov ha recordado que hay casi 90.000 solicitudes pendientes, en un país que tiene 112.300 migrantes entre las islas y el continente.

EFE / AFP / Redacción