Ganador de uno de los Premios Razón Abierta: «Al Estado le interesa que otros actores le ayuden»

—Su propuesta de La república policéntrica parte de la insuficiencia de la teoría del contrato social. ¿Por qué considera que no es adecuada?
—Es una simplificación porque representa a la sociedad como un conjunto de individuos que deciden un sistema de gobierno. Pero, en realidad, es un conjunto de asociaciones con fines diversos —municipios, regiones, escuelas, universidades, Iglesias— con las que el ciudadano se identifica. Esa representación borra su protagonismo; es una especie de monismo. El fruto es la legitimación de un Estado nacional —también, hasta cierto punto, gobiernos locales— con una autoridad soberana, es decir, general y suprema, sobre la vida social. Hoy este papel parece de sentido común pero es un desarrollo histórico cuestionable que ha arrasado los derechos de muchas asociaciones y acaba colonizando y homogeneizando la vida social. No es de sentido común otorgar a un gobierno ese nivel de autoridad.

—¿Hay alternativas?
—El federalismo, interpretado de forma distinta a la actual. Representa a la sociedad como un contrato entre grupos, que se someten a una Constitución compartida, negociada y aprobada por ellos; no mediante un referéndum nacional, sino con una serie de procesos locales. El poder fluye desde abajo hacia arriba. Los actores locales tendrían autoridad para regular sus asuntos internos. No es una propuesta de anarquismo, sino de colaboración, en la que las partes tienen mucho más protagonismo para decidir los términos de su incorporación en el pacto nacional. Por ejemplo, Suiza se formó por una serie de cantones a los que interesaba formar una confederación.

—¿Y respecto a la sociedad civil?
—Defiendo que también se presuponga la autonomía de las asociaciones no territoriales, sobre todo en sus asuntos internos, sin que ningún gobierno pueda regularlos unilateralmente. Esto aligera mucho la carga regulatoria, pues no anda decidiendo por ejemplo cuántas horas se dan de un idioma en los colegios, aunque determine la base elemental que se transmite a los niños. Propongo además que los ciudadanos tengan la opción de montar sus propios colegios, instituciones de salud, sistemas de pensiones. Aunque tiene que haber límites, claro: un marco jurídico, derecho penal, integridad en las elecciones.

—Entonces, para aplicar esto, ¿habría que iniciar en cada país procesos constituyentes según este modelo?
—Es una visión, no un mapa del camino. Para aplicarla haría falta una estrategia gradualista, que necesita otro libro. De momento, el Estado podría conceder mayores poderes fiscales y regulatorios a las autoridades municipales. No es tan irreal: se enfrenta a una crisis importante y le interesa que otros actores le ayuden a cumplir sus funciones de forma más eficaz.

—Si todo se deja a la iniciativa privada, ¿cómo garantizar servicios básicos para todos, sobre todo cuando son deficitarios, como los de cuidados?
—No estoy en contra de un sistema fiscal con cierto grado de coacción. Pero se puede compensar con mecanismos de control ciudadano como el bono fiscal: si un 20 % de mis impuestos se dedica a salud, poder asignar a qué institución se destinan. No vamos a abolir los impuestos, pero eso no quiere decir que tenga que estar todo en manos de una burocracia.

—También las grandes empresas, no solo el Estado, tienen un poder excesivo hoy. ¿Este sistema lo aborda?
—Este es un punto sensible del proyecto porque no tiene un planteamiento económico muy desarrollado. Pero tengo claro que tener un actor político tan potente y tan centralizado como el Estado es muy útil para las grandes empresas porque tienen una única vía de influencia. En un sistema más fragmentado tienen que negociar con muchos.

—Si el Estado no entra a regular los asuntos internos de una entidad, ¿cómo se evitan abusos en su seno, por ejemplo en las condiciones laborales?
—Esto no implica una total ausencia de regulación. Se tiene que ver de manera prudencial. Una intervención coactiva se puede justificar solo para razones de peso para la ciudadanía; no puede ser algo automático. E insisto en que venga impuesta desde el nivel local. Así favorece un régimen más competitivo y se puede aprender de experimentos locales qué funciona mejor y qué peor.

—Se reconoce en deuda con el recientemente fallecido MacIntyre.
—Era profesor en la universidad donde me doctoré y leyó algún capítulo de mi tesis. Me ha influido su crítica al Estado moderno y su idea de que una vida buena requiere prácticas sociales coherentes que tienen sus dinamismos y deben surgir de sus propios participantes y darse a escala humana; no puede producirlos un actor externo. Su perspectiva sobre la ecología social y la comunidad pequeña es bastante importante. Pero no piensa a fondo qué implica cuando la quieres aplicar a una sociedad grande y compleja ni qué marco institucional debe tener. Es lo que yo hago.

—¿Es viable este modelo en una sociedad tan heterogénea como la nuestra? Dando tanta autonomía a entidades con mentalidades radicalmente distintas, ¿puede haber una convivencia en la que no se creen guetos?
—La gran divergencia moral y política es problema inherente a nuestra sociedad. Sería ingenuo decir que mi propuesta puede resolverlo de manera automática. Sin embargo, tampoco se va a resolver desde la coacción. Suprimiendo iniciativas porque no van con mi idea de la res publica estoy tapándolo. La ventaja de mi planteamiento es que las comunidades pueden vivir con más libertad, encontrar formas de convivencia consensuadas y construir diálogo más voluntario y menos impuesto. En el ámbito social y cultural, la coacción es una herramienta limitada para imponer unidad.