Gabilondo urge a dar una «respuesta necesaria» a las víctimas de abusos en la Iglesia
El Defensor del Pueblo ha registrado en las Cortes Generales una actualización del documento sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia
El Defensor del Pueblo ha vuelto ha reclamar una «respuesta necesaria» para las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, después de que Ángel Gabilondo haya depositado este martes en las Cortes Generales el informe sobre la actividad de la institución en 2024. Este incluye una actualización del documento sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos que ya presentó hace más de un año.
Gabilondo ha subrayado que una vez debatido el informe por la Cámara Baja, le corresponde al Parlamento «la adopcion de medidas concretas», una tarea para la que la clase política parece no tener ninguna prisa. «Sigue pendiente la labor de encontrar una respuesta necesaria que las víctimas vienen demandando». Según el defensor, los afectados «están desconcertados, incómodos y disgustados» ante el nulo avance en este asunto.
Conclusiones y recomendaciones
Respecto la iniciativa registrada por PSOE y Sumar de creación de una subcomisión de estudio sobre las agresiones o abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, el defensor ha sugerido que esta subcomisión se centre mejor en las conclusiones y recomendaciones presentadas por la institución en el parlamento.
El Defensor del Pueblo planteó 24 recomendaciones centradas en la atención y respuesta a las víctimas que proponen, entre otras cosas, celebrar un acto público de reconocimiento, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a los afectados en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.
«Las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe siguen pendientes de encontrar la respuesta necesaria que las víctimas vienen demandando desde hace tanto tiempo», ha reiterado Ángel Gabilondo. «Es indispensable por el bien de las víctimas que Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos».