La COVID-19 en las residencias: «Fue el mayor crimen contra los ancianos»

Ya a principios de febrero de 2020, Miguel Ángel Vázquez, entonces presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, se dio cuenta de que si el coronavirus llegaba a las residencias sería un desastre. Dejar allí a los enfermos con otros ancianos equivalía a «condenarlos a muerte». Sugirieron a la Consejería de Política Social crear «centros intermedios donde estuvieran bien atendidos, y así evitar contagios en sus residencias», relata a Alfa y Omega. A partir del 26 de marzo abrieron tres, con 211 plazas en total, en geriátricos casi terminados o que se vaciaron.

Los dirigían él y sus dos vicepresidentes. El Servicio Gallego de Salud envió personal sanitario y el resto de trabajadores eran gerocultores de centros de día, entonces cerrados. Para el periodista Manuel Rico, autor de ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, con esta iniciativa «Galicia lo hizo bien». En estos centros el porcentaje de fallecidos no superó el 10 %, muy por debajo de las residencias. Pero no todo funcionó. Según relata Vázquez, nunca superaron la mitad de su capacidad, «mientras en las residencias moría gente. La Consejería de Sanidad no los derivaba». Ni siquiera le permitieron recoger al primer contagiado de una residencia, donde finalmente murieron nueve residentes de 32.

Para este geriatra, lo ocurrido esa primavera «fue el mayor crimen cometido contra las personas ancianas». Según el Gobierno, en esos meses murieron por COVID-19 en España 20.268 ancianos que vivían en residencias, aunque Rico y Vázquez creen que pudieron ser muchos más. Amnistía Internacional ha denunciado la falta de transparencia y el abandono a las familias de las víctimas por parte de todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, no hay datos unificados de los casos llevados a los tribunales. En Madrid, el 86 % se han archivado. Como reacción, las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia pondrán en marcha después de las elecciones una comisión ciudadana de investigación.

El problema de los protocolos

Esta comunidad, Cataluña y las dos Castillas concentraron el 75 % de muertes de residentes. Según Rico, las cuatro tienen en común que cerca del 70 % de estos fallecidos no fueron ingresados. En Madrid lo impidieron cuatro protocolos firmados por el director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur. El de 20 de marzo decretaba que «no se derivarán» los residentes con pérdida de autonomía y deterioro cognitivo. En los 20 días siguientes murieron en las residencias 5.343 mayores. Rico critica también que «siendo los que más lo necesitaban» no los llevaron al hospital de IFEMA, creado ex profeso para la COVID-19; ni a los privados, que tenían camas, ni se medicalizaron las residencias.

En Cataluña, el protocolo del Servicio de Emergencias Médicas recomendaba no ingresar en la UCI a pacientes de más de 80 años. Aunque era más matizado, «durante algunas semanas fue casi imposible el traslado a hospitales desde geriátricos». En Castilla y León también hubo un protocolo, «más suave, pero la aplicación fue la misma», apunta el periodista. «Lógicamente si hay recursos limitados hay que dárselos a quien más provecho pueda sacar. Pero decir que si vives en una residencia y tienes dependencia» o cierta edad no se te traslade «no es éticamente aceptable», sino una discriminación por edad, por discapacidad y por lugar de residencia.

José Luis Méndez, director del departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, compartió esos días el sufrimiento del gerente de un centro católico en Madrid a cuyos residentes no aceptaba el hospital. «Otros geriatras me llamaban para desahogarse: “Se me mueren solos. Estoy acostumbrado a que mueran, pero así…”». Esta experiencia llevó a su departamento a centrar el mensaje de la reciente Pascua del Enfermo en «la importancia del cuidado a los mayores». Como Francisco en Fratelli tutti, recuerdan que «no tenían que morir así», pero subrayan que ya antes habían «sido cruelmente descartados».

Vázquez y Rico lo atribuyen al edadismo. Ideas como que «si mueren los mayores no es tan grave» tienen consecuencias como la falta de reacción social ante esta tragedia. O, antes incluso, los problemas estructurales que contribuyeron a ella. Como describe Rico, con frecuencia son centros con muchas plazas y poco personal, que a veces trabaja en varios —lo que facilitó los contagios­—; sin cobertura de la atención primaria pública y las más pequeñas sin necesidad de tener médico. Cuando llegó la pandemia, «el Gobierno central no les dio la misma importancia que a los hospitales para repartir el material». Todo ello, sumado a los protocolos, llevó a un estallido de contagios y a que muchos murieran (o malvivieran) sin cuidados, encerrados, desnutridos y con llagas. La ya escasa plantilla estaba diezmada y no tenía tiempo para cambiar pañales o darles de comer.