Expertos piden «explorar todas las posibilidades» para mejorar el acceso a las vacunas

El presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, ha pedido que no se plantee el debate sobre las patentes de las vacunas «como un dilema» entre dos extremos: una liberalización total, y «mantener la situación como está». El también miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO ha defendido «trabajar en cursos intermedios de acción» para llegar a un entendimiento.

Ha sido su propuesta durante el encuentro Liberalizar las patentes ante la COVID-19: ¿es la solución?, organizado por la Fundación Pablo VI en Barcelona. Cualquier debate, ha añadido, debe partir de la comprensión de que la propiedad intelectual no solo defiende el derecho de propiedad, sino «la libertad fundamental de investigación y científica». Con todo, se ha reconocido «más favorable» a una suspensión de este derecho «en este contexto» de emergencia por la pandemia y dentro de «un marco muy preciso».

El desarrollo de los últimos 20 años, amenazado

El debate ha contado con defensores de todas las posturas. David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras, ha defendido que «se eliminen absolutamente todos los obstáculos para que la producción» de vacunas, tratamientos y medios diagnósticos «se lleve al máximo nivel». Esto incluye la suspensión temporal de las vacunas, y también plantear un marco similar más a largo plazo. Aunque siempre haya que «compensar a la industria farmacéutica por su esfuerzo».

Es, en su opinión, la única solución para poner fin a las catastróficas consecuencias indirectas de la pandemia. Además de un exceso de mortalidad real de al menos siete millones de fallecimientos, ha aludido a las previsiones de que «la malnutrición se va a doblar», y a los graves retrocesos en las campañas de vacunación básicas o de lucha contra la malaria en muchos países. Sin una vacunación justa, pronto «habrá más migraciones, más guerras y todo el apoyo al desarrollo va a retroceder 20 años».

¿Inmunidad de grupo este año?

Liberar las patentes, ha asegurado por el contrario Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, «no garantiza el incremento de la producción a largo plazo» por la gran complejidad de los procesos para fabricar las vacunas «de forma segura». La medida también sería contraproducente, pues privar a estas empresas de su propiedad intelectual ahora puede minar su confianza a la hora de seguir invirtiendo grandes sumas ante nuevas emergencias.

Y por último, Arnés ha asegurado que la medida es innecesaria pues «los estudios indican que a lo largo de 2021 se van a fabricar entre 12.000 y 15.000 millones de dosis», suficientes para vacunar al 70 % de la población mundial y alcanzar la inmunidad de grupo. Esto es posible porque ya existen «más de 300 acuerdos voluntarios entre compañías desarrolladoras de las vacunas con aquellas que tienen capacidad» de participar en algunas fases de su producción. «El desafío es distribuirlas adecuadamente».

Fábricas listas a la espera de licencias

Efectivamente, los problemas de distribución son reales. Lo ha reconocido Erika Dueñas, responsable de Propiedad Intelectual de la OMS. En parte porque «los países desarrollados han comprado más dosis de las que necesitan». Pero esto no implica que no existan también «problemas de fabricación». Hay, ha añadido Noguera, «proyecciones de producción que no son tan optimistas» como las descritas por Arnés. Un mapeo realizado por la OMS y citado por Dueñas ha constatado que existen «fabricantes que producen vacunas desde hace años» en países en desarrollo que sí podrían asumir este desafío y cuya capacidad no se está utilizando. Países como Indonesia tienen instalaciones «disponibles, pero están esperando las licencias».

La representante de la OMS pidió «explorar todas las posibilidades legales» que existan: además de la suspensión de las patentes, el uso de salvaguardas ya existentes como las licencias obligatorias o voluntarias. Citó asimismo la existencia de varios proyectos para compartir de forma voluntaria tecnología y patentes, como el Fondo Común de Acceso a Tecnología frente a la COVID (C-TAP por sus siglas en inglés). Aunque hasta ahora, ha reconocido, a este solo ha llegado un test de diagnóstico desarrollado en España por el CSIC; una entidad pública.

¿Mandar fuera la vacuna de mi hijo?

La última parte del debate ha estado centrada en plantear qué parte de la responsabilidad de garantizar el acceso universal a las vacunas depende de cada sector de la sociedad. Un ámbito de reflexión que ha abierto De Montalvo al subrayar la necesidad de que la ciudadanía se implique. «¿Somos capaces de asumir», ha preguntado, que «se manden las vacunas fuera» antes de que «se vacune a nuestros hijos?».

El representante de Farmaindustria ha defendido que al «con desarrollar la vacuna en tiempo récord», a un «precio asequible», y al triplicar su capacidad productiva, la industria ya ha hecho «lo que corresponde a nuestra responsabilidad». A lo que, desde Médicos Sin Fronteras, su presidente le ha pedido más «esfuerzos extraordinarios», como se les han exigido a los ciudadanos o a las industrias del turismo o aeronáutica, que han sufrido importantes pérdidas por los cierres asociados a la pandemia.