¿Europa xenófoba?

Sucesos como el uso de cuchillas en las vallas fronterizas de Melilla, o el naufragio de Lampedusa, ponen en el punto de mira el drama de la inmigración en Europa y las políticas «de puertas cerradas» que se endurecen en un gran número de países. Es el caso de Italia, donde la inmigración ilegal es delito. O el del Reino Unido, donde los autobuses públicos pasean mensajes como Go home or face arrest (Vuelvan a sus países, o les detendremos).

Hace unos días, ACNUR —Agencia de la ONU para los refugiados— mostraba su preocupación por las barreras que países de la Unión Europea están poniendo a la entrada de solicitantes de asilo, entre los que se encuentran refugiados sirios. Por ejemplo, según los medios búlgaros, el país devolvió a 100 refugiados a Turquía en un fin de semana, y ha desplegado a 1.200 policías en la frontera, lo que, para ACNUR, «puede empujar a la gente a buscar rutas más peligrosas y a que haya cada vez más refugiados a merced de los traficantes de personas». Hechos similares están ocurriendo en países como Grecia o Chipre.

El presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, el cardenal Antonio María Veglió, durante su intervención en el encuentro de responsables nacionales de la Pastoral de inmigrantes y refugiados de las Conferencias Episcopales Europeas (CCEE), reunidos desde el lunes y hasta ayer en Malta, calificó estas políticas de «meramente restrictivas» y «aún más ineficaces, con efectos más negativos» en las migraciones, como es «el riesgo de aumentar las entradas ilegales, lo que puede derivar en una mayor actividad de las organizaciones criminales».

Como una de las soluciones, el cardenal Veglió propuso la necesidad de la cooperación entre países de origen, tránsito y destino de migrantes, además de «reglamentos adecuados para cohesionar los diferentes sistemas legislativos, que combinen la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y sus familias».

Las cuchillas de Melilla

Monseñor Ciriaco Benavente, presidente de la Comisión episcopal de Migraciones, de la Conferencia Episcopal Española, habló en Malta de la importancia del trabajo coordinado con las Iglesias locales para combatir el drama de la inmigración, y aludió a un reciente viaje a la diócesis de Cádiz-Ceuta, donde conoció de primera mano la situación de los subsaharianos que intentan llegar a nuestro país: «Conmueve ver la experiencia pastoral con las personas procedentes de países africanos que esperan, en situaciones de clandestinidad, la oportunidad de saltar a la península», dijo.

Hace unos días, el obispo español de la diócesis de Tánger, monseñor Santiago Agrelo, arremetió contra el endurecimiento de la política migratoria española tras instalar cuchillas en la valla de Melilla fronteriza con Marruecos. Monseñor Agrelo pidió con ironía la implantación «de minas antipersona y tanques», para evitar el paso de los inmigrantes, porque «las cuchillas no bastan para disuadir a estos enemigos de nuestro bienestar», según se pudo leer en su perfil de Facebook. También aludió a la escala de preocupación de los españoles: «Mientras que el estrecho de Gibraltar, o las vallas de Ceuta y Melilla, no ocupen en la conciencia de los españoles el mismo espacio que el Madrid Arena o la curva de Angrois, nadie pondrá remedio a esta tragedia».

José María Gil Tamayo, en una de sus primeras declaraciones como secretario general de la Conferencia Episcopal, se sumó a la denuncia de la nueva medida migratoria. Afirmó que «no se puede atentar contra la vida de personas desvalidas que buscan una vida mejor», y recalcó que «el inmigrante no es un peligro» y tiene derecho a emigrar. Añadió que los Estados deben regular, «pero desde el respeto básico y esencial a la vida».