Europa dice sí a aprobar la directiva de diligencia debida, aunque se le agota el tiempo

Tras muchas duras negociaciones, finalmente será posible una directiva de diligencia debida en Europa, es decir, una ley que exija (y que imponga sanciones en caso de incumplimiento) el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente de las empresas europeas que trabajen en países en desarrollo. Así lo votaron los Estados miembro de la Unión Europea el viernes 15 de marzo.

El visto bueno a seguir desarrollando la norma llega después de que Alemania e Italia sembraran en las semanas precedentes considerables dudas sobre si la respaldarían o no. Sin embargo, la dilución de su contenido por otro más laxo ha llevado a Italia a acabar mostrándose favorable. Según recoge Euronews, el país transalpino se comprometió a acatar una versión menos ambiciosa de la ley durante uno de los últimos encuentros de diplomáticos procedentes de los Estados miembro en Bruselas.

Por su parte, oenegés como Oxfam Intermón y entidades de incidencia política como Amnistía Internacional han celebrado el paso adelante para acabar aprobando esta directiva. Asimismo, la Comisión Europea se ha comprometido a simplificar la burocracia con la que deberán cumplir las empresas que trabajan en países en vías de desarrollo.

Bélgica, que ostenta la presidencia semestral Consejo de la UE, ha tratado de aumentar el apoyo a esta futura ley reduciendo la cantidad de empresas a las que se aplicará. Si antaño afectaría a todas las que facturaran más de 150 millones de euros al año, el compromiso actual es que solo se aplicará a las que superen los 450.

Otra de la concesiones que se han hecho para ampliar el consenso y sortear el bloqueo es la eliminación de la disposición sobre responsabilidad civil a la que podían asirse los sindicatos para denunciar a las empresas que incumplieran algún punto de esta directiva. Era una cláusula que mantenía escéptica a Finlandia y otros países. Ahora queda que sea aprobada por los eurodiputados, aunque el reloj corre en su contra, y para que salga adelante deberán darle el sí definitivo en abril, antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio.