Europa consolida su deriva antimigratoria

¿Puedes imaginar cómo sería ser enviado a un centro de detención en un país en el que nunca has estado? La Unión Europea ha dado un paso en firme para que esto pueda sucederle a cualquier persona migrante dentro del territorio comunitario. El pasado 26 de marzo, el pleno del Parlamento Europeo aprobó por mayoría el texto base de los reglamentos de retorno que negociará con el Consejo y los Estados miembro y que dará forma a una normativa migratoria común. El texto final incluye la propuesta de creación de centros de deportación en terceros países; es decir, en países fuera de la Unión Europea.

Si esta regulación finalmente se aprueba, las personas migrantes afectadas podrán ser expulsadas a un país que no sea el suyo de origen. Además, el texto permite la deportación de menores, la separación de familias y privación de libertad de quienes no sigan un código de «buen comportamiento» durante el proceso de deportación. Este acuerdo, impulsado por el Partido Popular Europeo (PPE) junto a otros grupos favorables a políticas antimigración, será, una vez aprobado, de obligado cumplimiento para los veintisiete Estados miembro.

La medida ha hecho saltar todas las alarmas, ya que supone una amenaza directa a los derechos fundamentales de las personas migrantes en territorio europeo y consolida la deriva antimigratoria de la UE. La Plataforma Internacional para la Cooperación de Migrantes Irregulares (PICUM, por sus siglas en inglés) denuncia que países como Alemania, Austria, Grecia o Países Bajos están ya aplicando este modelo, siguiendo la estela de la italiana Giorgia Meloni y sus polémicos centros de detención en Albania. Estos centros, operativos desde 2024, han acumulado múltiples reveses judiciales, tanto en Italia como en Europa, por vulneración de derechos fundamentales y la opacidad en su gestión. Y es que la falta de transparencia es una característica clave de este tipo de medidas: no existe información disponible sobre qué se considera un tercer país «seguro», qué tipo de acuerdos económicos implican con esos países ni cuáles son las condiciones de bienestar y seguridad de las personas en los centros de detención.

Sin embargo, medidas como esta no son una novedad. Constituyen una consolidación de la política de externalización de fronteras que la Unión Europea lleva promoviendo en el marco de sus políticas migratorias en los últimos años. La externalización, enfocada hasta ahora en la inversión en terceros países para frenar a las personas migrantes en ruta antes de su llegada a la frontera —con ejemplos tan graves como la construcción de cárceles para migrantes en Mauritania por parte del Gobierno español o el abandono de personas a su suerte en el desierto—, da un paso más allá al asumir que es aceptable deportar a personas que no han cometido ningún delito a un país que ni siquiera es el suyo.

A todo ello se suma la preocupación de numerosas organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos ante el riesgo de que este texto normalice una política antimigratoria europea que siga el terrible ejemplo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está destruyendo comunidades enteras a lo largo del país, promoviendo la persecución y la violencia sobre personas inocentes cuyo único delito es ser o parecer migrante. Unas medidas que profundizan la criminalización y la perfilación racial de nuestras vecinas y vecinos, y que convierten la apariencia en motivo de sospecha. La aprobación de este reglamento en Europa supondría un paso en esa dirección afianzando un marco legal que trata la migración no como una realidad humana, sino como una amenaza.

Otras organizaciones, como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), miembro del grupo de organizaciones que realiza el seguimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo, ya denunciaban a finales de 2025 otro aspecto preocupante de este tipo de reglamento: algunas de las listas de terceros países «seguros» incluyen Estados que han sido señalados en múltiples ocasiones por violaciones de los derechos humanos y que no garantizan derechos ni libertades fundamentales. En un contexto creciente de violencia y conflictos armados en todo el mundo, donde cada vez más personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de protección, resulta más urgente que nunca garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad de acoger, de una forma justa y digna, a quienes llegan a la UE buscando esa protección.

En España, la reciente aprobación de la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular muestra que otro tipo de políticas que reconozcan los derechos y la dignidad de todas las personas, son posibles (y positivas para todas). Sin embargo, medidas como la aprobada por el Parlamento Europeo amenazan el tejido social y la convivencia que nos sostienen a todas.