Estas son las claves de la demanda del Patriarcado Latino de Jerusalén contra un asentamiento israelí

La demanda que la semana pasada presentó el Patriarcado Latino de Jerusalén para defender sus derechos en una finca en Latrun implica directamente al Gobierno de Israel. Según ha podido saber Alfa y Omega, en concreto los demandados son el Ministerio de Defensa, la División de Asentamientos de la Organización Sionista Mundial, el asentamiento de Mevo Horon y una empresa privada llamada Addis Alam.

Fuentes de Jerusalén explican a esta publicación que Addis Alam ocupó ilegalmente hace años un terreno propiedad del Patriarcado Latino de Jerusalén. Este trozo de tierra, en concreto, está ubicado cerca del monasterio de Latrun, un recinto en la frontera entre Israel y Cisjordania en el que ahora habita una comunidad de trapenses.

¿Lo autorizó el Ministerio de Defensa?

Tras ocuparlo, Addis Alam estableció en la parcela una pequeña explotación agrícola que ha estado funcionando desde entonces. Con todo, no son solo ellos los demandados. El Patriarcado Latino de Jerusalén ha incluido en su solicitud a las otras tres entidades —el Ministerio de Defensa, la División de Asentamientos de la Organización Sionista Mundial y el asentamiento de Mevo Horon— porque tiene indicios de que Addis Alam recibió autorización de todas ellas para ocupar la finca, a pesar de que ninguna de ellas tenía derecho alguno sobre la misma.

Mevo Horon es un asentamiento ubicado en Cisjordania, a unos ocho kilómetros del monasterio de Latrun. Tiene una población de unas 2.600 personas y está organizado como un moshav shitufi, una forma de organización cooperativa no tan colectivizada como la de los kibutz y que suele estar dedicada a la actividad agrícola o industrial.

Años de procesos legales y administrativos

La misma fuente de Jerusalén explica a esta publicación que la demanda es consecuencia de varios años de procesos legales y administrativos. La primera prioridad de la Iglesia fue lograr registrar oficialmente su propiedad legal sobre la parcela. Estos esfuerzos se encontraron con numerosos obstáculos burocráticos. De hecho, «en una fase el Estado incluso reclamó su propiedad sobre el terreno». 

Finalmente, el Patriarcado Latino de Jerusalén logró que se le reconociera como propietario de la finca. Así, pudo después solicitar una orden que exigiera a los demandados que desalojaran la finca. La demanda incluye también la petición de una compensación económica proporcional a los beneficios obtenidos por el uso agrícola ilegal de la finca durante años.

La misma fuente asegura a Alfa y Omega que, antes de tomar estas decisiones, el Patriarcado Latino contactó con los demandados. Pretendía «resolver la cuestión de forma amistosa y evitar procedimientos legales. Sin embargo, estos intentos fueron infructuosos». 

Otro proceso en abril

No es la primera vez que el Patriarcado tiene que tomar medidas para defender sus terrenos. El 23 de abril, la entidad anunció que se había reunido con autoridades civiles y militares sobre las invasiones de colonos de sus terrenos en Tayasir y Hamam il Maleh, en la gobernación de Tubas.

Entonces, el Patriarcado mostró su total rechazo a estos hechos, que describió como una violación de las propiedades de la Iglesia. Reclamó la desaparición inmediata de todo el daño causado, que se evitaran futuras intromisiones en la zona y protección legal.

Además, sus representantes presentaron una queja oficial y documentada que incluía detalles sobre los ataques contra residentes locales y tierras del Patriarcado en varios lugares. A raíz de la queja «las autoridades acometieron las acciones necesarias, incluyendo el procesamiento de los responsables y la confiscación de maquinaria pesada usada para destruir la tierra y dañar» los edificios, afirmaban en un comunicado.

«Una línea roja»

«Representantes de las autoridades relevantes reconocieron la gravedad de la cuestión y se comprometieron» a solucionar inmediatamente lo ocurrido y a continuar las acciones legales contra los implicados.

«Proteger las propiedades de la Iglesia es una línea roja», aseguraron entonces desde el Departamento que las gestiona, y que fue quien inició estas acciones. «Seguiremos dando todos los pasos legales y administrativos necesarios para proteger su sacralidad, preservar su identidad eclesial, defender sus derechos y seguir apoyando a la población local», concluía el comunicado.