España aspira a revertir el «error histórico» en protección a la vivienda

Antonio y Laura llevan casado 13 años, a pesar de lo cual todavía no han logrado encontrar una casa en la que establecerse definitivamente. «Seguimos viviendo de alquiler», explica ella, «porque es imposible comprar un piso». Por la fisonomía de la familia, compuesta por ocho miembros, «no podemos meternos en cualquier sitio». El problema es que «el coste de la casa que necesitamos, tal y como ha evolucionado el mercado, no lo podemos asumir. Y eso que los dos tenemos trabajo». A esta situación, hay que añadir el aumento del precio del alquiler. «De la última vivienda nos tuvimos que ir porque el casero nos lo pretendía casi duplicar cuando se nos acabó el contrato», denuncia. 

Su angustia es también la del 42,8 % de los encuestados en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de febrero. Todos ellos marcaron el acceso a la vivienda como el principal problema que existe actualmente en España.

Tres días antes de la publicación de los datos del CIS, el lunes 16 de febrero, el presidente del Gobierno lanzó el fondo España Crece, que permitirá movilizar 120.000 millones de euros para la financiación de sectores clave. Uno de los ámbitos más beneficiados será precisamente el de la vivienda. En él se pretende invertir hasta 23.000 millones de euros —tanto públicos como privados— para dinamizar la oferta y financiar la construcción de 15.000 viviendas al año, anunció Pedro Sánchez.

El movimiento, según Raluca Budian, directora asociada del Observatorio de Vivienda Digna de Esade, «es positivo». España «necesita capital paciente para vivienda asequible», como son las casas de protección oficial. Se conoce como capital paciente a la inversión orientada a empresas que buscan causar un impacto positivo en la sociedad.

No obstante, antes de realizar esta inversión, Budian es partidaria de acometer una serie de reformas que subsanen el «error histórico» que nuestro país ha cometido con las casas de protección oficial. «Aquí se ha construido vivienda protegida que, tras un tiempo, se desprotege y entra al mercado libre». Eso «impide acumular parque público», que es precisamente el secreto de los países que consiguen «moderar precios». La experta habla de la necesidad de mantener entre un 15 % y un 30 % de vivienda social asequible. Pero «España está muy por debajo». Y «sin stock estructural, el mercado privado fija el precio casi sin contrapeso». Como en el caso de Antonio y Laura.

A pesar de ello, la directora asociada del Observatorio de Vivienda Digna de Esade cree que es un planteamiento equivocado demonizar al inversionista privado. Al contrario, «la colaboración público-privada puede funcionar», sostiene; pero hacen falta «condiciones estrictas» para evitar la especulación. Entre ellas, Budian subraya la necesidad de organizar un «alquiler asequible regulado», que la protección a la vivienda tenga una «permanencia prolongada» o fijar unos «límites a la desinversión» para que los inversores privados no puedan retirar sus fondos a la primera de cambio.

Junto con el fondo España Crece, la vivienda pública también se verá incrementada gracias a la Iglesia. Apenas unas horas después de que Sánchez lanzara la iniciativa, el mismo 16 de febrero, el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), Joan Planellas y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, firmaron un acuerdo para crear viviendas sociales en la región con bienes de titularidad de la Iglesia.

En aquel acto, el también arzobispo de Tarragona «actuó en representación de todas las diócesis catalanas», porque «en realidad la conferencia episcopal no tiene propiedades», explica Eric Termes, vicesecretario de la CET en conversación con Alfa y Omega. De esta forma, «ahora se abre una nueva fase de trabajo» en la que cada diócesis «tendrá que iniciar un diálogo» con la Generalidad para «concretar el acuerdo en su territorio». 

Para resolver cuestiones como cuántos inmuebles hay, cuántos se pueden ceder, cuáles no, qué características tienen o qué cambios legislativos hacen falta, próximamente se creará una mesa de trabajo formada paritariamente por representantes de la Iglesia y de la Generalidad. En paralelo, se creará una comisión de seguimiento del pacto. Esta se reunirá al menos una vez al año para examinar los resultados de la colaboración.

La idea es que una vez se haya realizado todo el trabajo previo la Iglesia ceda los bienes por un periodo largo, en una horquilla de entre 75 y 99 años. «Irán destinados a colectivos en situación de vulnerabilidad», puntualiza Termes, al mismo tiempo que advierte del grave problema de la vivienda. «Es un asunto que, a mi juicio, no se ha cuidado. La situación es muy compleja. De hecho, los distintos barómetros que se han realizado indican que se trata de uno de los temas que más preocupa a la gente». 

Por eso, concluye, «la Iglesia lleva ya tiempo trabajando en este ámbito a través de entidades como Cáritas». En este contexto, «el acuerdo con el Gobierno es un paso más del camino que iniciamos hace muchísimos años», asegura Enric Termes, vicesecretario de la CET.