Vivimos en un mundo donde ser madre está mal visto y, en cierto sentido, se puede considerar penalizada la maternidad. La mujer que quiere ser madre no se considera realizada o a la altura del varón; solo si alcanza altas metas profesionales y vive inmersa en el mundo laboral ha alcanzado su plenitud y su desarrollo. O al menos así lo ve la corriente feminista radical que es parte de la presión política y social para abortar.
Ya teníamos una ley del aborto en España desde el año 1985. Con la ley de 2010, esta se modificó y amplió: aborto libre hasta la semana 14, aborto por malformaciones o enfermedades del feto incompatibles con la vida hasta la semana 22. Hasta que se reformó en 2015, las menores de entre 16 y 17 años podían abortar sin consentimiento paterno.
Por si esto fuera poco, en este año 2021, de pandemia y múltiples problemas sanitarios, económicos y sociales, desde el Gobierno de España se quiere ampliar y radicalizar aún más la ley del aborto de 2010. La ministra de Igualdad ha planteado una reforma atacando todos los frentes posibles: la objeción de conciencia de los médicos, imponiendo el aborto en los centros públicos y creando una lista negra de profesionales que se declaren objetores; la necesidad de informar a las mujeres que se plantean abortar, eliminando los tres días de reflexión; la libertad de expresión de los voluntarios que participan en las vigilias de oración frente a los abortorios y la labor de los rescatadores ante estas clínicas, calificándolos de acosadores. Incluso se pretende modificar el Código Penal para castigarlos con la cárcel. Al mismo tiempo, políticos y medios ridiculizan la magnífica labor que realizan las asociaciones que ayudan a las mujeres y madres sin recursos.
¿Hay razones para ampliar aún más el aborto en España? No, definitivamente no. Lo que explica esta ofensiva del Gobierno de España para imponer el aborto libre y casi obligatorio es, entre otras cosas, que el negocio del aborto está perdiendo millones de euros por las miles de mujeres que no sucumben a la presión de abortar y piden ayuda, y la encuentran. Además algunas leyes que defienden la vida del ser humano concebido y no nacido están haciendo mucho daño a este lucrativo negocio del aborto, y la corriente promuerte está perdiendo seguidores e influencia. Es el caso de las leyes del latido aprobadas por varios estados de Estados Unidos. Esta ley prohíbe la interrupción del embarazo tras la sexta semana de gestación, que es generalmente cuando se detecta el primer latido del corazón del embrión. Mientras tribunales inferiores dirimen su legalidad, el Tribunal Supremo del país ha permitido que entre en vigor en Texas.
Asimismo, es indudable el éxito de las campañas de 40 Días por la Vida. Surgidas precisamente en Texas en 2004, ya se desarrollan de forma coordinada en más de 64 naciones. Entre ellas España, con doce ciudades. Tienen por objetivo poner fin al aborto localmente a través de la oración, el ayuno y la divulgación comunitaria, haciendo vigilia pacífica durante todo el día frente a clínicas donde se practican abortos. Así, ya han salvado al menos 19.000 vidas.
Qué decir de la labor abnegada, silenciosa y eficaz de tantos voluntarios defensores de la vida, los rescatadores, que dedican gran parte de su tiempo a ayudar, orientar e informar a las mujeres de cualquier edad que se plantean abortar sin la debida información, asesoramiento y ayuda. Son miles las mujeres que recurren al aborto muchas veces presionadas por su pareja o sus padres, por la amenaza de perder el trabajo, casi siempre solas. En completo abandono, acuden a un abortorio buscando una solución que jamás lo es: abortar a su hijo.
Estas mujeres no tienen el asesoramiento necesario para tomar esa difícil y dura decisión. Por eso, la labor de los rescatadores, siempre respetuosa con la libertad de la mujer y el reconocimiento de su vulnerabilidad en ese instante, consiste en ponerse a su lado, escucharla, entender su situación, hablarle de las consecuencias que para ella puede tener el aborto y darle la oportunidad de plantearse otras opciones, buscando la mejor solución a su problema. El acompañamiento no es solo en ese instante, sino que se alarga durante todo el resto del embarazo y maternidad.
Porque los rescatadores trabajan en coordinación con cientos de entidades sin ánimo de lucro que ayudan a las mujeres embarazadas y madres sin recursos. Organizaciones, por cierto, a las que una resolución del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y el grupo mixto, pide retirar las subvenciones. No les dan «solo una canastilla», como se oyó durante el debate. Les ofrecen atención médica, psicológica, un hogar de acogida si lo necesitan, formación y apoyo en la búsqueda de empleo, todo tipo de recursos para el cuidado del bebé y hasta guarderías para cuando vayan a trabajar.
Está claro por qué el negocio del aborto quiere imponer una nueva ley.