En Haití las bandas «tienen hoy casi más poder que un ministro»

Tras el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio, la población sigue «abrumada». Los primeros días los usuarios dejaron de acudir a la clínica de la parroquia del Sagrado Corazón, en el centro de Puerto Príncipe. Pero en medio de los múltiples interrogantes ante lo ocurrido y la incertidumbre sobre el futuro, la gente del barrio sigue volviendo la mirada a Dios. «Creen que las novenas y los triduos, que las Misas, no quedarán sin respuesta», afirma Hans, su párroco. Este sacerdote y otros muchos tratan, mientras, de transmitirles que «el Evangelio rechaza todo espíritu de venganza y toda satisfacción en la muerte de cualquier persona».

De momento, el magnicidio «ha conmocionado y despertado la simpatía de todos» a pesar de la impopularidad de Moïse, asegura a Alfa y Omega Gilbert Petrop, secretario general de la Conferencia Haitiana de Religiosos y Religiosas. Había llegado al poder en 2017 tras unas elecciones marcadas por la sospecha de fraude, y desde entonces hizo poco para ganarse al pueblo. Con el apoyo «indiscutible» de Estados Unidos, «debilitó al Estado al no respetar el equilibrio democrático de los otros dos poderes», añaden fuentes de la Comisión Justicia y Paz de Puerto Príncipe. Por ejemplo, destituyó a un tercio del Parlamento, «gobernó el país mediante decretos» y no convocó elecciones en febrero, como correspondía. «Rayaba en la tiranía».

Su muerte ha puesto a la isla caribeña en el punto de mira del mundo. Pero los haitianos llevan tres años sufriendo una oleada de violencia que agrava aún más la pobreza crónica. Si en 2004 había en el país 34 bandas, según ha calculado el economista y activista Etzer Emile, hoy son 162. Se multiplicaron sobre todo a partir del levantamiento de julio de 2018 contra el aumento del precio del combustible y en protesta «por el despilfarro de los fondos multimillonarios de Petrocaribe, prestados por Venezuela», explican desde Justicia y Paz. Al mismo tiempo, estos grupos que reclutaban a jóvenes de los barrios marginales atraídos por el dinero fácil «se volvieron más políticos», y además de robos o secuestros cometían «delitos electorales», asesinatos políticos o secuestros contra opositores. «Por eso hablamos de violencia estatal», subraya Peltrop.

Policías en las bandas

Parte de estos grupos, denuncian desde Justicia y Paz, «tienen muy buena relación con el Gobierno» o incluso «trabajan para él, según declaraciones de algunos líderes». Bastantes «están integrados por expolicías o policías, y a veces incluso utilizan material policial». En noviembre de 2018 se produjo la primera gran masacre, con 73 personas asesinadas en Lassaline. Desde entonces, se han producido otra docena de grandes ataques. Un goteo constante de acciones de menor entidad han causado miles de víctimas. A ello se suman más de 200 secuestros desde finales de 2019. «Hoy en día tienen casi más poder que un ministro», según Peltrop.

En un país bajo embargo de armas, ¿cómo proliferan estas en todos los barrios?, se pregunta el padre Hans. «Más que el cólera y el coronavirus, lo que espanta a los vecinos son los secuestros». Su parroquia ha cambiado los horarios de Misa, pero el recinto abre todo el día para quienes acuden a por agua potable, comida y hasta para «recargar sus teléfonos, pues la escasez de electricidad bate récords». Algunos vecinos abandonan la zona por otras más seguras, pero son rápidamente reemplazados por quienes huyen de áreas peores. Cuando se produce un enfrentamiento entre bandas por el control de una zona, hay barrios enteros que se vacían. También ha aumentado la emigración. Cruzar Centroamérica a pie rumbo a Estados Unidos les parece a muchos más fácil que sobrevivir en su país.

Imposible hablar de elecciones

El problema va a seguir ahí, valoran en Justicia y Paz para este semanario. Las bandas «no actúan solo para el Gobierno, sino también para proteger el estatus y los intereses de la oligarquía». Y se benefician de «la debilidad del Estado». Además, el magnicidio ha llevado a «una pérdida real de confianza en los líderes políticos, la comunidad internacional y los diferentes actores» sociales.

Por todo ello, Peltrop cree que «en las condiciones de inseguridad actuales, es imposible hablar de elecciones». Sería necesario antes pacificar las áreas controladas por las pandillas. En esta lucha podría ayudar la comunidad internacional, reconocen desde Justicia y Paz. Pero el secretario general de los religiosos pide, sobre todo, que «deje de interferir en los asuntos internos del país» y promueva su autonomía y el cumplimiento de las normas democráticas. Más allá de cómo se lleve a cabo la sucesión, destaca, «necesitamos un cambio de mentalidad y para ello es de suma importancia educar para la ciudadanía».

Además de sus continuas llamadas al diálogo, la Iglesia sigue aportando su granito de arena para ello. En el Sagrado Corazón, por ejemplo, al reconstruir el templo tras el terremoto de 2010, se puso en marcha una escuela de formación profesional en oficios relacionados con la integración social y la reconstrucción. «Esta iniciativa los invita a participar en la construcción del país en lugar de lanzarlos unos contra otros».

Indicios

La viuda de Moïse llegó el sábado a Haití para el funeral de Estado del día 23. De momento, desde la Iglesia prefieren no comentar la implicación en el magnicidio de exmilitares colombianos y los indicios que apuntan a políticos haitianos y dominicanos y a una empresa de EE. UU.