En el recuerdo de la masacre de Orissa, los obispos indios denuncian nuevos ataques a religiosos
La Conferencia Episcopal India ha condenado el ataque a dos sacerdotes y un seminarista, asegurando que «refleja un clima de creciente intolerancia en el país»
Cada 25 de agosto se conmemora lo que las organizaciones de derechos humanos consideran la campaña de «limpieza étnica» más violenta, generalizada y organizada contra los cristianos en la historia de la India. Sucedió en 2008, cuando grupos extremistas hindúes acusaron falsamente a la comunidad cristiana de ser responsables del asesinato del líder hindú Swami Lakshmanananda Saraswati, a pesar de que grupos maoístas habían reclamado el crimen.
La incitación a la matanza de cristianos fue feroz, provocando más de un centenar de fallecidos, miles de heridos y más de 350 iglesias destrozadas. Muchos niños quedaron huérfanos y decenas de miles de familias tuvieron que huir de sus hogares refugiándose en bosques o zonas colindantes.
Aún con este trágico suceso en la memoria colectiva, los ataques a religiosos se siguen sucediendo en el país asiático. Este mes de agosto, la Conferencia Episcopal India ha enviado un mensaje de condena por los ataques que sufrieron dos sacerdotes y un catequista en la ciudad de Jaleswar, en el estado de Orissa. Sucedió cuando los sacerdotes, junto a otras dos religiosas, regresaban a la parroquia después de celebrar una misa fúnebre en una aldea cercana. Según recoge la agencia AsiaNews, fue entonces cuando una muchedumbre de en torno a 70 personas emboscó al grupo y los sacerdotes y el catequista fueron maltratados y golpeados.
Los obispos señalan que estas agresiones «reflejan un clima de creciente intolerancia en el país» y las han calificado como una «flagrante violación de los derechos constitucionales y de la dignidad humana de las minorías». Además, el arzobispo Vincent Aind de la ciudad india de Ranchi ha declarado a este medio que el ataque «es parte de una estrategia más amplia que se está aplicando en muchos otros estados» que pretende «crear una situación de desorden público, amenazar y perturbar a las minorías. Es un ataque a los derechos constitucionales».