Alerta en Canarias: «Hay migrantes en la cárcel solo por llevar una brújula»

Las ONG Irídia y Novact, en colaboración con diversas entidades de Canarias entre las que se encuentra el Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias, han denunciado este jueves nuevas vulneraciones de derechos humanos a las personas migrantes en Canarias. Su informe forma parte de un proyecto de monitorización de derechos humanos en la Frontera Sur, que incluirá también Ceuta, Melilla y Andalucía.

«A pesar de los marcos de protección de derechos existentes a nivel internacional, regional y estatal, el quebrantamiento de derechos de las personas migrantes sucede de manera sistemática en la frontera sur europea y concretamente en la española», denuncia el informe.

Así, las organizaciones señalan especialmente «las condiciones de hacinamiento e insalubridad que han dado como resultado lo sucedido en el muelle de Arguineguín» finales de 2020, a lo que se suman por ejemplo las 4.016 personas que fallecieron o desaparecieron en la ruta hacia Canarias en 124 naufragios a lo largo de 2021.

«A pesar de las cifras de muertes y desapariciones, no hay registros, información o vías establecidas para solicitarla o denunciar. Por tanto, ni las familias ni las organizaciones pueden acceder a información sobre el paradero de las personas desaparecidas», denuncia el informe.

Junto a ello, «tampoco se prioriza la identificación de los cuerpos que alcanzan las costas», por lo que a día de hoy «los cuerpos son enterrados en fosas comunes o en nichos sin identificar, sin respetar los rituales religiosos ni las preferencias familiares».

Los que sobreviven se enfrentan a la inexistencia «de un protocolo oficial sobre la organización de los primeros momentos de llegada y triaje» o de otro protocolo de atención psicológica para los supervivientes de naufragios.

Lo más sangrante según el documento firmado por las ONG y por el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias, es que «se están criminalizando las migraciones», puesto que «se ha detectado que en las cárceles de Canarias habría un porcentaje significativo de personas extranjeras recién llegadas en prisión preventiva o cumpliendo penas por tráfico de personas». Asimismo, «se está castigando con penas de cárcel a personas que han llegado en patera o cayuco en condición de migrantes por el simple hecho de sostener una brújula, GPS o el timón», denuncian las organizaciones.

Ya en tierra, los migrantes están sujetos a «graves vulneraciones» de derechos fundamentales, «como la superación de las 72 horas de detención, las dificultades en el acceso a la asistencia letrada o a la información, o directamente la falta de condiciones de higiene». Todo ello en unos CIE «que conjugan carencias como hacinamiento, mala alimentación, higiene deficiente y acceso limitado a la atención sanitaria».

En paralelo, respecto a la infancia no acompañada, las organizaciones señalan que «estos niños, niñas y adolescentes son alojados en centros de menores bajo la tutela del Cabildo. Sin embargo, a nivel autonómico los recursos que existen son insuficientes para la acogida de estos niños y niñas, llevándose a cabo un proceso de externalización y privatización de la gestión de los centros hacia ONG sin experiencia en la atención a personas migrantes».