El Vaticano se blinda contra el blanqueo de dinero y el terrorismo

El Vaticano sigue avanzando para blindarse contra los posibles delitos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo que pudieran cometerse desde entidades incardinadas en el Estado Vaticano. Así se concluye del segundo informe periódico del Comité Moneyval, del Consejo de Europa, emitido el pasado 8 de diciembre.

El informe, que la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha dado a conocer este miércoles, confirma que en los dos últimos años la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano han conseguido «progresos notables» en la construcción de un marco institucional y normativo «adecuado y eficaz», para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales, así como para la prevención de una hipotética financiación del terrorismo. En particular, en los apartados 18-19 del informe, el Comité Moneyval explica que los tribunales vaticanos han congelado 11,2 millones de euros como resultado de las investigaciones en curso, según la Nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Una decisión del Papa

La elaboración de este informe, elaborado por una institución del Consejo de Europa, parte de una decisión personal del Papa Francisco, que tomó en 2013 y fue publicada sólo una semana después de que el Pontífice regresara de la JMJ de Río de Janeiro. A través de un Motu proprio, el Santo Padre estipulaba la elaboración de este informe, recomendado por el propio Consejo de Europa a todos los Estados, para prevenir y combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

No por delitos: prevención contra el blanqueo y el terrorismo

En realidad, aunque el Vaticano no tenga vinculación con estas actividades delictivas, la Santa Sede quería cumplir desde entonces con las recomendaciones internacionales establecidas por el Comité Moneyval, que unos meses antes había señalado una laguna en la seguridad vaticana que podía ser fatal: dada la falta de controles exhaustivos en el Vaticano, esgrimía Moneyval, nadie podía garantizar cuál era el destino último del dinero que gestionan ciertas entidades sin ánimo de lucro incardinadas en el Estado Vaticano, lo que abre la puerta a la posible comisión de delitos.

Después de dos años de trabajo, el Comité Moneyval avala ahora que el Vaticano está llevando a cabo de forma «adecuada y eficaz» toda una serie de controles, «para que haya absoluta transparencia y no quede ni rastro de duda sobre las actuaciones de la Santa Sede», como dijo ya en 2013 el cardenal español Santos Abril, en una entrevista concedida a Aragón Radio.

Procesos judiciales complejos

Por cuanto se refiere a la Oficina del Promotor de Justicia Vaticano, algo así como la Fiscalía de la Santa Sede, el informe explica que las investigaciones en curso son complejas desde el punto de vista técnico, y requieren un análisis detallado, pues «tienen una importante faceta internacional y transnacional, ya que abarcan los delitos cometidos fuera del territorio vaticano y a personas que se encuentran fuera del Vaticano (cf.par. 18)».

Como ha recordado la Oficina de Prensa vaticana, la Santa Sede ha establecido «una red internacional que le permite colaborar activamente con otros Estados en estos casos, sea en el ámbito de la AIF (Autoridad de Información Financiera), como en el de los tribunales. Las informaciones y estadísticas contenidas en el informe así lo demuestran». De hecho, en estos dos últimos años, el Tribunal Vaticano ha solicitado y recibido la asistencia judiciaria recíproca (rogatorias) de otros Estados, y el informe confirma que «la asistencia judiciaria recíproca es ampliamente utilizada».

Reforzar los tribunales y la Gendarmería «para investigar y castigar delitos»

Además, según ha señalado la Oficina de Prensa, «la Santa Sede acoge la invitación del Comité Moneyval para que refuerce todavía más la capacidad de sus tribunales y de la Gendarmería para conducir investigaciones más incisivas en el ámbito penal, y castigar los delitos de blanqueo de capitales y de posible financiación del terrorismo» que pudieran ser «cometidos en el territorio de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano».