El Vaticano reconoce falta de transparencia en los procesos canónicos de abusos sexuales

El informe con las medidas que han resultado triunfantes en la estrategia de salvaguardia de menores y adultos vulnerables en los espacios eclesiásticos y la identificación clara de los errores cometidos se esperaba desde hace más de dos años. Fue en abril de 2022 cuando el Papa solicitó a la Comisión Pontificia para la protección de menores el dossier que finalmente ha sido presentado este martes.

El documento —que formula numerosas recomendaciones— presenta los resultados obtenidos por el organismo del Vaticano a partir de las entrevistas realizadas a los obispos durante las visitas ad limina y de las respuestas a loa cuestionarios enviados. Entre las propuestas aparece, por ejemplo, la necesidad de «mejorar los procesos canónicos de recepción y seguimiento a las denuncias», así como la necesidad de aplicar el «concepto de vulnerabilidad» a las disposiciones actuales de la Iglesia y asegurar una gestión eficaz de los casos de abuso sexual remitidos a la Santa Sede.

Según el informe, es importante lograr un proceso «simplificado» para apoyar mejor a las víctimas en su sanación «con políticas de daños y compensaciones económicas». También se resalta la necesidad de profesionalizar los cargos para que el sistema sea más eficaz.

Con la publicación de este informe, que se hará a partir de ahora todos los años, el Vaticano dispone por primera vez de una herramienta que le permitirá establecer una visión global que analice au respuesta a esta lacra. El objetivo es revisar cada año 17 conferencias episcopales. Estas «auditorías» están pensadas para «examinar a la Iglesia en su conjunto durante un periodo de cinco a seis años». En el informe publicado este martes se revisa en detalle a las conferencias episcopales de países como México, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, Bélgica o Camerún, entre otros. Asimismo, incluye el análisis de los institutos religiosos de las Hermanas Misioneras de la Consolata y la Congregación del Espíritu Santo.

De forma más general, además de la falta de recursos, también se hace hincapié en la falta de implicación de las víctimas en la respuesta de la Iglesia local a la violencia sexual. Ante estos problemas, el informe aboga por aunar esfuerzos y mejores prácticas entre las conferencias episcopales.

Por primera vez se señala que no todos los países y organizaciones han alcanzado el mismo nivel de concienciación. «Mientras que algunos organismos y autoridades de la Iglesia muestran un claro compromiso con la protección, otros se encuentran sólo al principio de la asunción de responsabilidades por parte de la Iglesia», escribe la Comisión. Además, emerge una «inquietante falta» de estructuras dedicadas a la protección de menores y personas vulnerables en algunos países, a pesar de que así lo exige el motu proprio Vos estis lux mundi publicado por Francisco en 2019 para blindar los procedimientos de lucha contra los abusos.

La Comisión también pide que el Papa escriba una encíclica sobre el tema para incorporar al Magisterio una «visión teológico-pastoral» que ahonde en «la dignidad del niño y los derechos humanos en relación con los abusos».

Cultura del silencio

El informe intenta ofrecer un panorama global sobre las políticas de la Iglesia para contrarrestar este problema. Tras constatar la existencia de una «cultura del silencio», sobre todo, en algunos países de misión africanos y asiáticos, se procede a detallar una serie de situaciones concretas entre las conferencias episcopales. En este sentido, se elogia la labor de Camerún, pero se critica la situación en Costa de Marfil, donde se evidencia una «falta de datos sobre la prevalencia de los abusos sexuales». «Es urgente intensificar la investigación sobre los índices de abusos», añade la Comisión.

También se cuestiona directamente la responsabilidad de los donantes en los países de misión: «Los requisitos de protección, que constituyen normas mínimas para la concesión de subvenciones, aún deben enumerarse y desarrollarse».

Por otro lado, se aborda abiertamente la cuestión de la oposición cultural para hacer frente a los abusos sexuales que está presente en algunos territorios. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, mientras que la jerarquía católica «parece comprometida y consciente de la necesidad» de mejorar la protección de los niños, los obispos congoleños han denunciado que la creación de un marco para combatir la violencia sexual contra los menores se percibe a veces como una «estigmatización de la sociedad» y como una «ideología occidental impuesta que no responde a los desafíos africanos».

Para avanzar mejor en la adopción de medidas, la Comisión del Vaticano aboga por una cierta solidaridad entre las conferencias episcopales, con el fin de poner en común los recursos y tener más en cuenta las culturas locales.