El «salto al vacío» de la eutanasia

La eutanasia ya es una realidad en España. El Congreso de los Diputados aprobó hace justo una semana la proposición de ley socialista que regulará, tal y como se define en la ley, «la prestación de ayuda para morir». Esta nueva ley ha encontrado en la Cámara Baja un amplio respaldo: 202 diputados a favor (PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, entre otros) frente a 141 en contra (PP, Vox, UPN y Foro Asturias).

Así, a los tres meses de su publicación en el BOE ya se podrá pedir la eutanasia, que se ofrecerá como prestación dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Para ello habrá que cumplir varios requisitos: tener nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses; disponer por escrito de la información sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos; haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito; sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, y prestar consentimiento informado.

A pesar del apoyo parlamentario recabado, la ley no ha contado con un debate sereno y amplio. Se ha impedido, por ejemplo, que médicos y expertos en bioética, la mayoría en contra, ofrecieran su parecer. Además, el grueso de la tramitación de la ley se ha llevado a cabo en poco más de seis meses, desde el rechazo de las enmiendas a la totalidad el pasado septiembre a la aprobación definitiva de este mes.

Esta prisa, según explica a Alfa y Omega el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, también se manifiesta en el periodo establecido de tres meses para su entrada en vigor. «Es sorprendente, pues una ley de este calado exige un desarrollo y una adaptación de todo el sistema. En leyes similares la vacatio suele ser de un año», explica.

Para Rafael Junquera, presidente de Funderética, la fundación de los redentoristas que promueve la reflexión ética en la sociedad y la formación e investigación en filosofía moral, hay otras urgencias. Cita, por ejemplo, la regulación de las emergencias sanitarias, una normativa clara que regule la sedación y una ley de cuidados paliativos. «La ley de la eutanasia no era necesaria», afirma. Además, cree que es «mala», «muy poco precisa» y «va a traer bastantes problemas». Entre las lagunas, destaca una: no se especifica quién va a practicar la eutanasia, si va a ser el médico responsable o el personal de enfermería.

Según De Montalvo, esta nueva legislación generará situaciones de conflicto, pues se ha realizado de espaldas a los profesionales y «alterando los fundamentos de la profesión médica». «Esto puede provocar, siendo legítimo que el Parlamento apruebe la ley, que haya un rechazo mayoritario, como sucedió con el aborto. Además, el hospital público que pueda estar a favor va a renunciar para no convertirse en centro de referencia. De este modo, la eutanasia puede acabar en centros concertados y privados que busquen ahí un negocio», añade.

El presidente del Comité de Bioética también asegura, frente a lo que sostienen los promotores y defensores de la nueva ley, que esta «no es garantista», pues «incumple la evaluación a posteriori del impacto de la ley». Y añade: «Puedo entender, aunque no lo comparto, que haya personas que en determinados supuestos defiendan la eutanasia. Pero en vez de atender esa circunstancia como una excepción y desarrollarla como experimento, nos hemos ido al modelo más flexible y amplio. Han decidido dar un salto, que es un salto al vacío. Nos hemos ido al modelo belga, que nadie ha querido recorrer». También responde a los que ven en la eutanasia una conquista de la libertad. En su opinión, no hay libertad si no se puede optar: «Sin un buen desarrollo de los cuidados paliativos ni una buena asistencia domiciliaria, ¿de qué libertad hablamos? ¿De la libertad del camino único?».

Desde la Conferencia Episcopal, su secretario general y portavoz, Luis Arguëllo, ha reconocido que la nueva ley «es una mala noticia» e insiste en que es momento de promover la defensa de la vida a través del testamento vital o la objeción de conciencia de los profesionales. En esta tarea también está Funderética que, según Junquera, está ofreciendo colaboración a las comunidades autónomas para ayudarlas y orientarlas en el desarrollo de la normativa, de modo que la ley «sea lo menos lesiva posible, se cubran lagunas y el derecho a la vida esté cubierto».

DI NO

En la última semana, la iniciativa Vividores ha llenado las redes sociales y algunas ciudades de carteles contra la eutanasia que imitan a los de los partidos políticos que la defienden.