El régimen de Ortega organiza combates de boxeo a las puertas de los templos
Con actividades sucias y ruidosas paralelas a la Misa, busca incomodar a los feligreses
El régimen de Ortega acentúa su represión a la Iglesia católica con la programación de eventos paralelos a la Misa en las puertas de las iglesias católicas. Según reveló la abogada y opositora Martha Patricia Molina a través de su cuenta en la plataforma X el pasado 19 de abril, la «dictadura sandinista ordena a las alcaldías utilizar los atrios de las parroquias para realizar actividades paganas y profanar así los templos».
La activista, exiliada desde julio de 2021 en Estados Unidos tras documentar los más de 40 mecanismos diferentes de tortura del sandinismo, denunció que las celebraciones «se han tenido que suspender en algunos templos». Los sonidos «de las actividades de la dictadura no permiten que los fieles escuchen».
Entre los eventos paralelos hay actividades de lo más inverosímiles, como el combate de boxeo que se organizó el 20 de abril en el atrio de la catedral nicaragüense de León, precisamente durante el 59 cumpleaños de su obispo, Sócrates René Sándigo Jirón. «Ni eso respetaron los dictadores», condenó Molina, quien definió la velada como un «obsequio funesto» y narró cómo «los muros de la catedral quedaron orinados y sucios». A raíz de los desperfectos, calificó al régimen como «dictadura criminal, vulgar y profanadora de templos».
«El destierro, el encarcelamiento y la criminalización contra la libertad de religión fue uno de los principales hechos represivos durante 2023», señaló el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en el tercer informe sobre libertad religiosa en Nicaragua. Según esa ONG, en 2023 se incrementaron las detenciones a religiosos, la persecución y detención contra la feligresía, el impedimento de realización de actividades masivas o públicas de índole religiosa, el congelamiento de activos a diócesis católicas y el aumento de los discursos de odio y estigmatización principalmente contra miembros de la Iglesia católica de parte de las autoridades.
De al menos 317 nicaragüenses que han sido desnacionalizados y declarados «traidores a la patria» de enero de 2023 a marzo de 2024, 22 son religiosos católicos, entre ellos los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez. Además de esa política de destierro y desnacionalización, recoge EFE, se ha impedido el ingreso a Nicaragua de decenas de religiosos, tanto nicaragüenses como extranjeros, y se han expulsado al menos a 76 monjas del país, según el informe, que menciona como otro de los ataques el cierre de 300 ONG de corte religiosa cristiana. El estudio concluye que las personas religiosas en Nicaragua han sido víctimas de al menos cuatro crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Otro de los últimos episodios de persecución religiosa en Nicaragua fue la prohibición de salir a la calle de los 400 vía crucis típicos de Semana Santa. Una actuación que fue acompañada, como ya denunció Molina en marzo, con que «la mayoría de los sacerdotes fueron visitados por policías y secretarios políticos sandinistas para informarles de que ellos no tenían autorizado salir de los templos».
Según el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado por la ONU en febrero de este año, el Ejecutivo sandinista «sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas». Esta investigación, que comenzó a realizarse en 2022, valoraba que «Nicaragua como estado está persiguiendo a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas».