El protocolo de la Iglesia y el Gobierno para la reparación a las víctimas de abusos está «muy avanzado»

El pasado jueves 8 de enero el Ministerio de Justicia, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y la Conferencia Episcopal Española (CEE) firmaron un acuerdo para la atención a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no han tenido recorrido judicial y que no deseen acudir directamente a la comisión PRIVA establecida por la Iglesia.

En el nuevo procedimiento tendrá un papel destacado el Defensor del Pueblo, cuya oficina se encargará de estudiar los casos y proponer un cauce reparación. No obstante, antes de la entrada en escena de Ángel Gabilondo y su equipo era preciso la creación de un protocolo de actuación. Las partes se dieron un mes para crearlo, aunque posteriormente el Defensor del Pueblo pidió más tiempo para tener lista la operativa con todas las garantías.

«Muy avanzado»

Según anunció Europa Press el pasado miércoles, los implicados tenían previsto firmar este jueves el protocolo de actuación, una información que tanto la CEE como CONFER matizaron a última hora del día a través de la red social X.

«La Conferencia Episcopal como CONFER continúan trabajando para el acuerdo, ya muy avanzado, con el Defensor del PuebloE y el Ministerio de Justicia con el objetivo de ofrecer cuanto antes un nuevo camino de acceso a las víctimas al plan de reparación que pueda sanar el daño causado», se leía en la publicación de la CEE.

Por su parte, la CONFER lanzó el mismo mensaje, al que añadía su compromiso «con las víctimas» y en el que destacaba que el protocolo se trata de «ofrecer un cauce complementario al PRIVA». Y añadió: «Queremos reparar el daño a las víctimas de abusos sexuales ya prescritos y seguimos para firmar un protocolo próximamente».

Procedimiento a seguir

El procedimiento a seguir será el siguiente: la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la comisión PRIVA establecida por la Iglesia. Los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la comisión PRIVA serán homogéneos.

En caso de discrepancia de la valoración una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER según el caso.