El Parlamento Europeo aprueba el polémico Pacto de Migración y Asilo
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana lo califican como «decepcionante» y las ONG denuncian que esta medida «pretende legalizar las mayores vulneraciones y represiones contra los migrantes»
La Eurocámara ha votado a favor al Pacto de Migración y Asilo este miércoles en Bruselas después de haber sido aceptado por los veintisiete Estados miembros del pasado mes de diciembre. El paquete de medidas ha sido muy cuestionado y criticado por multitud de ONG e incluso eurodiputados, lo que ha provocado la incógnita hasta el último momento de si saldría adelante o no. De hecho, la votación se ha visto interrumpida por un grupo de activistas que ha comenzado a gritar y que ha lanzado aviones de papel al hemiciclo como protesta contra el pacto.
Ahora los Estados miembros disponen de dos años para preparar la aplicación del pacto. Esta medida permitirá por primera vez en la historia que los países de la UE cuenten con una política migratoria común, y radica en tres principales objetivos: acelerar las deportaciones, reforzar las fronteras exteriores y fortalecer los acuerdos con terceros países para frenar las salidas de personas migrantes. Entre otras cosas, los países tendrán la opción de elegir la reubicación de los migrantes en su territorio o incluso podrán pagar hasta 20.000 euros por cada persona que no quieran acoger.
Sin embargo, organizaciones de diversa índole se han posicionado claramente en contra de este pacto. En el manifiesto La sociedad civil grita no al pacto europeo de migración y asilo, firmado por 869 particulares y 433 organizaciones, denuncian que esta medida tendrá «catastróficas consecuencias» ya que «pretende legalizar las mayores vulneraciones y represiones contra estas personas». Entre los puntos calientes del pacto, destacan que «pone en riesgo a las ONG de búsqueda y rescate» y consideran una vulneración de derechos «la recogida de datos biométricos, incluso con menores a partir de seis años, y con posibilidad del uso de la fuerza».
Organizaciones eclesiales contra del pacto
Desde el Servicio Jesuita a Migrantes y en un comunicado hecho público este miércoles, denuncian que este pacto «aumentará las detenciones arbitrarias y complicará los procedimientos para acceder a la protección» y reiteran la oposición a este pacto. De esta manera se unen a la protesta del SJM europeo, y aseguran que lo que más les preocupa es «el riesgo de detenciones arbitrarias y automáticas».
Según Cáritas Española, este pacto «supone la culminación de un proceso que reconfigura el sistema europeo común de asilo haciéndolo más inaccesible y menos solidario», afirma su coordinadora de incidencia política Ana Abril. Además, asegura que Cáritas está preocupada por el impacto negativo de este pacto en la vida de miles de personas, «ya que las nuevas normas limitan claramente el acceso a la protección de quienes la necesitan». De igual manera, instan a los Estados miembros «a que impidan la detención generalizada en las fronteras, establezcan condiciones de acogida dignas, con asistencia médica y jurídica adecuadas, y permitan a las ONG acceder a las personas sometidas a procedimientos fronterizos».
Además, en una nota difundida por la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana en enero, los obispos expresaron su «decepción ante una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa. Asimismo, aseguraron que en el texto «no encontramos un pacto con una visión integral centrada en la persona y el bien común, sino para el control y la externalización de las fronteras».
Según los obispos, «no se han abordado con rigor a nivel de la UE las alternativas que, tanto la Iglesia como tantos otros actores sociales, vienen promoviendo y pueden resultar más eficaces que las prácticas vigentes» y afirman que es necesario habilitar corredores humanitarios y coordinar políticas con las diferentes administraciones y países».
La Iglesia italiana se suma a las protestas
«Europa —mientras continúan las tragedias y las muertes en el Mediterráneo— se encierra en sí misma, descuida los dramas de los migrantes que huyen y sustituye la acogida real por el pago en dinero», ha zanjado el presidente de la Cemi (Comisión Episcopal para las Migraciones) y de la Fundación Migrantes de la Conferencia Episcopal Italiana, monseñor Gian Carlo Perego.
A su juicio, este pacto debería haber cambiado la legislación de Dublín, el mecanismo por el cual los países de Europa tienen el derecho a rechazar a los inmigrantes que llegan a sus fronteras y que permite, en la práctica, denegar la petición de asilo a un individuo si este ha entrado a Europa a través de otro país. En virtud de este reglamento, si un inmigrante llega a las costas italianas, atraviesa Italia y llega a Francia para pedir asilo, Francia puede denegarle la petición y devolverle al país por donde entró: Italia.
Para monseñor Perego el Pacto tampoco favorece «la protección internacional en Europa de las personas que huyen de catástrofes medioambientales, guerras, víctimas de tráfico y explotación». Son personas aplastadas «por la miseria» que deberían encontrarse con un «compromiso solidario de todos los estados miembros de la UE en la acogida» —compartido entre las sociedades civiles y las instituciones del Mar Mediterráneo para salvar vidas en el Mediterráneo— como se ha visto con los 8 millones de personas que han huido de la guerra de Ucrania.
El Pacto Europeo sobre Migrantes Solicitantes de Asilo y Refugiado exige además más esfuerzos a los «países fronterizos, como Italia» con «devoluciones al primer país de desembarco de quienes se trasladan a Europa sin un visado de protección internacional» y consolida las «repatriaciones facilitadas a terceros países inseguros» mientras se hace la vista gorda ante la «externalización» de la gestión de los inmigrantes. También se debilita «la protección de las familias y de los menores».
El Pacto Europeo sobre Migrantes Solicitantes de Asilo y Refugiados marca así «una deriva en la política europea de asilo» y fragua «el fracaso de la solidaridad europea, que parece romper como las olas contra las barcazas de la esperanza».
«Las próximas elecciones europeas serán una prueba importante para regenerar Europa desde sus raíces solidarias y no doblegarla a nacionalismos y populismos que corren el riesgo de olvidar nuestra “historia común europea”», ha concluido monseñor Perego.