El Parlamento de Portugal aprueba in extremis la ley de eutanasia

La Asamblea de Portugal aprobó este viernes –por 138 votos a favor, 84 en contra y cinco abstenciones– la ley de eutanasia, ocho meses después de que la anterior legislación fuera anulada por el Tribunal Constitucional, adonde la había remitido el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa. Para el primer ministro, el socialista Antonio Costa, se trata de un proyecto prioritario, puesto que el Parlamento acaba de ser disuelto y se han convocado elecciones anticipadas para el 30 de enero, después de que su Gobierno no haya logrado apoyos para los Presupuestos Generales del Estado.

Es decir, se trata de la segunda vez que se aprueba esta norma, tras unos retoques para evitar un nuevo fallo en contra. La ley tumbada establecía la eutanasia para los supuestos de «sufrimiento intolerable, con lesiones definitivas de gravedad extrema, de acuerdo con el consenso científico, así como enfermedad incurable y fatal». Rebelo de Sousa consideraba que dicho proyecto utilizaba «conceptos claramente indeterminados» en los requisitos para despenalizar la muerte médicamente asistida, una sospecha refrendada por el Tribunal Constitucional.

La Asociación de Juristas Católicos de Portugal (AJC) ha tachado de «todavía más ilegítima» una nueva tramitación de la ley justo antes de la disolución de la Asamblea. «Se trata de una maniobra oportunista que impide una mínima discusión pública de la nueva versión de la ley y que pretende impedir que esta cuestión tan relevante sea sometida a debate en la próxima campaña electoral», indica un comunicado de la AJC.

La Federación Portuguesa por la Vida (FPV) se ha manifestado en términos similares: «Es una estrategia cuya única intención es imponer al próximo Parlamento y al próximo Gobierno una ley que despierta el rechazo de todos los especialistas de las organizaciones oficiales, que fue tumbada por el Tribunal Constitucional y que fue contestada en la calle por miles de portugueses».

Cuando se aprobó la primera norma el pasado mes de enero, la Conferencia Episcopal Portuguesa había transmitido su «tristeza e indignación», lamentando la decisión de «legalizar una muerte provocada justo en el contexto de una pandemia mortífera».