El Papa extiende a los laicos sus medidas de protección de menores
Los seglares responsables de asociaciones reconocidas por la Iglesia serán sancionados en caso de negligencia, según la nueva versión de Vos estis lux mundi, que entra en vigor este jueves. Un nuevo paso del Papa para que las denuncias no se guarden en un cajón
El Papa ha esculpido a golpe de cincel la normativa para minimizar la lacra de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En febrero de 2019 convocó una histórica cumbre con más de un centenar de jerarcas de la Iglesia católica para sellar la tolerancia cero en todas las esferas de la vida eclesial. Seis meses más tarde entró en vigor el motu proprio Vos estis lux mundi, que ordenaba a todos los sacerdotes y religiosos denunciar cualquier atisbo noticioso o sospecha que tuvieran ante un posible caso de abuso a menores o a personas vulnerables. En noviembre de ese año levantó el secreto pontificio sobre las causas. En 2020 creó un grupo de expertos para asesorar a las conferencias episcopales e institutos religiosos con pocos recursos sobre cómo deben elaborar sus líneas guía para garantizar la protección de los menores y publicó un vademécum de actuación para eliminar cualquier duda sobre los protocolos.
Una de las puntas de lanza de su pontificado ha sido cimentar tanto la conciencia de la salvaguarda en la Iglesia como labrar un sistema penal que responsabilice a las personas por los crímenes cometidos. El último paso para que las denuncias no se guarden bajo llave en un cajón es la extensión del sistema penal eclesiástico a los laicos. Esta es la principal novedad de la actualización de Vos estis lux mundi, que entra este jueves en vigor y que deroga el texto precedente. Antes, esta responsabilidad recaía únicamente en los obispos, superiores religiosos y clérigos encargados de la guía de una Iglesia particular o de una prelatura, pero ahora se apunta directamente a los «fieles laicos que son o hayan sido moderadores de asociaciones internacionales de fieles reconocidas o erigidas por la Sede Apostólica» para los hechos cometidos mientras ejercían su cargo. Las directrices son las mismas: responsabilidad, rendición de cuentas y trasparencia.
El prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, el arzobispo Filippo Iannone, asegura en declaraciones a Alfa y Omega que el documento actual «no introduce nuevos delitos ni modifica el derecho procesal, sino que establece los procedimientos que seguir en caso de que los delitos que sanciona el derecho penal canónico sean cometidos por determinadas personas que ostentan funciones en el vértice eclesiástico, sean o no consagrados». Y recalca: «En el texto de 2019 eran los obispos y los superiores generales de determinados institutos religiosos, hoy se añaden los responsables de determinadas asociaciones clericales y los responsables laicos de asociaciones de fieles internacionales». El Vaticano incide en que esta modificación es fruto de una amplia consulta a las conferencias episcopales, los dicasterios de la Curia romana, los nuncios apostólicos y expertos en la materia. Un reflejo práctico de la reforma de la Curia —rubricada en la constitución apostólica Praedicate Evangelium— que tiene en cuenta la perspectiva de la Iglesia local.
Francisco deja claro que el objetivo es «establecer procedimientos» que sean adoptados a nivel universal «para prevenir y combatir los deleznables delitos de abusos sexuales». Otra de las modificaciones es la que se refiere al concepto de adultos vulnerables. En la norma precedente se tipificaban estos delitos como «actos sexuales contra un menor o una persona vulnerable» y en la nueva versión se habla de «delito contra el VI mandamiento del decálogo cometido contra un menor, contra una persona que tenga habitualmente un uso imperfecto de la razón o contra un adulto vulnerable». Con esta modificación, explica Iannone, se deja patente «la especial atención que la Iglesia reserva a las personas más débiles e indefensas, cuya libertad y dignidad deben ser respetadas y protegidas, castigando ejemplarmente su violación».
Por otro lado, el Papa refuerza la parte en la que se pide salvaguardar «la legítima protección del buen nombre y de la esfera privada de todas las personas implicadas», así como la presunción de inocencia. Asimismo, especifica que las diócesis y las eparquías deberán dotarse de «organismos y oficinas» para atender las denuncias, mientras que en el antiguo texto se hablaba más genéricamente de «sistemas estables». No obstante, para Iannone este cambio no puede considerarse como una novedad sustancial. «Sencillamente, el legislador, basándose en la experiencia de los últimos años, ha precisado la forma de estos sistemas», remarca. Y continúa: «Lo importante es que sean fácilmente accesibles al público para recibir la información de posibles delitos».
Según los datos, con fecha del 5 de marzo, que maneja BishopAccountability.org, un sitio web que rastrea todos los crímenes de esta índole en la Iglesia, 40 obispos de todo el mundo han sido investigados a la luz de Vos estis lux mundi: 18 acusados por abusos sexuales —el más conocido es el exobispo de Timor Oriental y Premio Nobel, Carlos Belo— y 22 por encubrimiento, como el cardenal Stanislaw Dziwisz, que fue secretario privado de Juan Pablo II, finalmente absuelto. Un total de doce fueron sancionados.