El Papa decreta la abolición del secreto pontificio en las causas de abuso sexual de menores

Para que ningún obispo, conferencia episcopal ni orden religiosa puedan, en adelante, esconder basura debajo de la alfombra, el Papa Francisco ha abolido el secreto pontifico sobre las investigaciones y procesos por abuso sexual de menores de dieciocho años o adultos vulnerables, según informa el Vaticano este martes.

La confidencialidad se limitará solo a las leyes de protección de la privacidad en cada país. Desaparece también el secreto pontificio respecto a este tipo de delitos en la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Según el arzobispo Charles Scicluna, fiscal especial contra el abuso de menores en la Congregación para la Doctrina de la Fe, «es una decisión histórica».

La nueva instrucción Sobre la confidencialidad de las causas reitera la obligación de cumplir «las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades civiles».

Esto significa, en la practica, que las diócesis y órdenes religiosas deben entregar a la justicia todos los documentos que requieran fiscales y jueces. Sencillamente, ya no hay secreto pontificio en esas materias, ni respecto a las autoridades civiles ni respecto a las víctimas, que podrán conocer la situación de sus denuncias y las penas impuestas a los culpables.

En el caso de documentos del Vaticano, los fiscales y tribunales pueden solicitarlos mediante el tramite de rogatoria internacional entre estados. Si esos documentos del Vaticano están en los archivos de las diócesis, el obispo debe entregarlos directamente.

Naturalmente, la abolición del secreto pontificio no significa que las diócesis deban hacer públicos los documentos, pues cada país tiene normas de protección de la privacidad.

En la misma línea, el Papa ha prohibido imponer «cualquier vínculo de silencio» a las víctimas, los denunciantes o los testigos, como han hecho centenares de diócesis e institutos religiosos, sobre todo a las víctimas que recibían indemnizaciones.

También ha elevado hasta 18 años y ha incluido entre los «delitos de mayor gravedad» la posesión de pornografía infantil, que antes se limitaba a los 14 años, así como su uso «por cualquier medio», pues han ido apareciendo otros nuevos, de modo que no haya escapatoria legal alguna.

Las nuevas medidas, que entran en vigor hoy mismo, proceden de sugerencias debatidas en la cumbre de presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo, celebrada el pasado mes de febrero.

El pasado mes de mayo, Francisco dictó normas que obligan a todos los sacerdotes y religiosos a denunciar los abusos de menores de que tengan o lleguen a tener conocimiento a la oficina especial contra el abuso de menores que debe haber en cada diócesis o familia religiosa.

Juan Vicente Boo / ABC